Dos puntos han marcado el desarrollo del primer Consejo Interterritorial de Carmen Montón: la financiación respecto a la universalidad y el alcance de esta prestación. Como era de esperar, las voces críticas han llegado desde las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que han aludido a que no se ha elaborado un documento con puntos concretos o una memoria económica en la que se refleje el impacto que tendría una aplicación de la sanidad universal. Las regiones populares también consideran que el documento que se ha presentado en este encuentro no es demasiado exhaustivo, y que no se ha definido el concepto de universalidad, su alcance, ni las prestaciones que se incluirían.
Otro de los puntos que han destacado es que se debería precisar si se realizaría una derogación o una modificación del Real Decreto 16/2012, para saber si estos cambios influirían en otros puntos como el copago farmacéutico. En este aspecto, la consejera de Salud de Cantabria, María Luisa Real, ha reprochado a los populares que hablen de ‘improvisación’ y ‘falta de documentación’, cuando considera que fueron ellos los que pecaron de estos errores en la elaboración del 16/2012.
Estas críticas ya se hicieron ver en el inicio del Pleno. “Expectantes y sorprendidos”. Con estas palabras definía el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, su reacción respecto a que haya un único punto del día —la universalidad— en el primer Consejo Interterritorial del nuevo Gobierno. Ruiz Escudero consideraba que también hay otros temas prioritarios como la financiación y la situación de los profesionales sanitarios, y por eso afirmaba que en la Consejería recibieron con asombro la noticia de un debate monográfico.
El consejero opinaba que la universalidad es un problema que ya está resuelto por las comunidades autónomas, y que de cara a este Consejo habría sido importante tener la documentación sobre esta materia con mayor antelación, y tener datos con un mayor nivel de profundidad para conocer cuál es exactamente el concepto de universalidad que manejan desde el Ejecutivo central. Añadió que una de las prioridades en este asunto sería realizar una memoria económica, para evaluar el impacto de esta universalidad y que antes del anuncio de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, de recuperar la sanidad universal, ya se estaba aplicando en las diferentes regiones independientemente del signo político de los Gobiernos.
Más ahorro que gasto
Por el contrario, los Ejecutivos de signo socialista consideran que la aplicación de la universalidad supondría más ahorro que gasto, ya que la mayoría de los inmigrantes que acceden a España son personas jóvenes y que hacen poco uso del servicio sanitario, por lo que es más barato atenderles en el momento que lo necesiten, y no esperar a que las afecciones se desarrollen y sean más graves. Desde esta parte también consideran que más que económico es un tema de “voluntad política” y que se debe tener en cuenta a los colectivos más vulnerables de la sociedad. “Para nosotros el derecho a la salud es un derecho humano y no es una consecuencia ni del trabajo ni de la cotización a la seguridad social ni del lugar de residencia”, señaló el consejero de Salud del Gobierno vasco, Jon Darpon.
Por su parte, la consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, afirmó que desde su comunidad han continuado dando instrucciones para que se dé cobertura a todas las personas que lo necesiten y que, de no haber sido así, no habrían podido atender a los inmigrantes procedentes del Aquarius. Barceló indicó que las políticas valencianas han permitido atenderles en los hospitales de la región y proporcionarles una tarjeta sanitaria “para poder, como correspondía, atenderles como ciudadanos”.
Entre los socialistas, también ha habido quien ha considerado que debe haber ciertas limitaciones a la hora de legislar la universalidad. El consejero extremeño, José María Vergeles, aseguró que tiene que deben existir ciertas trabas para no incurrir en una “situación de injusticia”. Éstas tienen que ver con la asistencia transfronteriza y, sobre todo, con el sistema de trasplantes de España. “Hay que ver qué es lo que pasa con estas personas en situación irregular cuando viajan fuera de nuestras fronteras y todo lo que tiene que ver con los trasplantes. Que se exijan dos o tres años de empadronamiento en nuestro país para poder acceder al sistema de trasplantes porque se puede dar una situación de injusticia si no es así”, explicó.
Ausencia de Cataluña
El primer Consejo Interterritorial de Montón ha contado con una ausencia importante: Cataluña. La consejera de Salud, Alba Vergés, decidió no acudir porque la universalidad “ésta ya está garantizada” en su comunidad. No se trata de la única ausencia —tampoco Ceuta estuvo a la cita— pero sí la más llamativa.
La ausencia no fue valorada por Montón. En su lugar, la ministra decidió poner en valor el tema de debate del Interterritorial. “Nuestro objetivo es modificar el Real Decreto 16/2012 y otorgarle naturaleza legal a la universalidad… Tiene que estar ligado al concepto de ciudadanía”, explicó la ministra que, sin embargo, no quiso adelantar fechas concretas sobre la publicación del Real Decreto-ley que sustentará a la universalidad en la asistencia sanitaria.
