Sentencia acatada, pero no igualmente compartida por PP y PSOE, los partidos que durante cuatro años se han enfrentado por la ya oficialmente constitucional política de subastas andaluzas. El día después de darse a conocer el sentido de la sentencia, y sin conocer todavía el auto de la sentencia, ambos intentaban mantener sus posiciones apelando al fondo y las formas de una lucha que ha dejado a su paso más de 50 procedimientos judiciales por la vía Constitucional y contencioso-administrativa.
Según el portavoz de Sanidad del PP en el Senado, José Martínez Olmos, “el Gobierno de Mariano Rajoy y el PP de Andalucía se equivocaron con ese asunto y ahora deberían pedir disculpas y retractarse de todas las acusaciones que han hecho en este tiempo”. De hecho, el grupo ya ha reclamado la comparecencia de la ministra de Sanidad en el Congreso y ha registrado una batería de preguntas para que el Gobierno explique su “intento de boicot” a una medida que, insiste, es beneficiosa. Jesús María Fernández, portavoz de Sanidad del PSOE en la Cámara Baja, insiste en que la política de la Junta respeta la libertad de prescripción y garantiza la sostenibilidad del sistema sanitario andaluz.
Pedimos comparecencia ministra Sanidad para valorar decisión Constitucional sobre subasta medicamentos en #Andalucía q ha ahorrado ya 413M€
— Miguel Ángel Heredia (@maherediadiaz) 16 de diciembre de 2016
La postura del PP, en cambio, es la de que una iniciativa puede ser constitucionalmente aceptable y sin embargo ser perjudicial para los ciudadanos. “Lo que hay que aclarar es su evaluación”, responde el diputado Rubén Moreno. “¿Cuáles han sido los ahorros? ¿Se han generado problemas de abastecimiento al sistema andaluz? ¿Los andaluces tienen los mismos derechos de acceso a los fármacos autorizados en este país?”.
El PP andaluz ya ha respondido estas preguntas. Su coordinador de Sanidad, Jesús Aguirre, declara que las subastas están deteriorando la calidad de la sanidad andaluza, rompiendo la equidad y generando desabastecimientos y problemas a los pacientes andaluces.
El PP asegura que una iniciativa puede ser constitucionalmente aceptable y sin embargo ser perjudicial para los ciudadanos
Las implicaciones futuras de las subastas tienen otra vertiente. Algunos responsables del PSOE se han mostrado confiados en poder ejercitar el mecanismo a nivel estatal, respetando el espíritu del 9/2011. ¿Es esperable que el grupo impulse el debate en el Congreso o en el Senado? En principio, no. Fernández afirma que por ahora el partido se ciñe a lo reflejado en los programas con los que el PSOE concurrió a las últimas elecciones. Y en ellos no se hace referencia explícita a unas subastas nacionales. La pelota está en el tejado del Ministerio.
Los responsables de Sanidad del PSOE aseguran que la política farmacéutica del futuro tiene que contar con un planteamiento diferente por parte del Gobierno. Eso significa, según Martínez Olmos, que Dolors Montserrat “debe sacar enseñanzas del revés que ha recibido” con la sentencia del Constitucional. “Habrá que ver si la ministra está en la línea de rectificar las equivocadas políticas llevadas a cabo en la anterior legislatura. En función de ello haremos nuestros planteamientos”, concluye el senador socialista.
