La sanidad de las comunidades autónomas respirará en 2017 algo mejor de los que esperaba. El objetivo de déficit para el próximo ejercicio se situará en el 0,6 por ciento tras unas arduas negociaciones entre el Gobierno y el PSOE. El primero insistía en la necesidad de ajustar hasta el 0,5 mientras que el segundo buscaba dar oxígenos a sus comunidades y obtener el 0,7. Al final, el punto medio dio salida a las conversaciones.
El pacto llegó mascado al Consejo de Política Fiscal y Financiera. “¿Se acuerdan de cómo eran los Consejos de Política Fiscal del 2012? Pues ahora no tienen nada que ver”, aseguró el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior. Que el techo de gasto se sitúe en el 0,6 por ciento sólo tuvo la objeción de Cataluña, Valencia y Baleares, mientras que las cinco comunidades gobernadas por el PP, junto a Canarias, votaron a favor y el resto de las socialistas se abstuvieron.
Con este acuerdo, las comunidades autónomas dispondrán de una décima más para poder endeudarse. El dinero será empleado en las políticas sociales, por lo que la sanidad se verá reforzada con este nuevo objetivo de déficit. Las regiones que votaron en contra solicitaron más del doble del objetivo pactado y argumentaron que el problema es que se encuentran infrafinanciadas, además de la ‘herencia recibida’. “El PP dejó un déficit del 2,59 por ciento en 2015 y en 2016 estaremos en el 1,4. No gastamos ni la media de todas las comunidades y generamos déficit, así que es un problema de ingresos… yo no quiero que los valencianos estén maltratados en sus servicios básicos”, ha protestado el consejero valenciano Vicent Soler, que ve “imposible” cumplir con el 0,6%.
Este 0,1 por ciento significa, en términos económicos, unos 1.000 millones de euros a nivel nacional. Las dificultades (o recortes) que tengan que efectuar las comunidades dependerán en buena parte de su cumplimiento en este 2016 además de las negociaciones que el ministro Luis de Guindos resuelva en Bruselas. Montoro garantizó un día antes de la reunión con las comunidades autónomas que el proyecto presupuestario que el Gobierno elaborará con este nuevo objetivo de déficit no implicará reducciones del gasto en Servicios Sociales y “prácticamente ninguno” en el gasto público general.
Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña se opusieron al nuevo objetivo de déficit al considerarlo insuficiente
A pesar de haber relajado la exigencia de déficit para el curso 2017, el Gobierno se ha mantenido firme en la consolidación fiscal hasta el final de la década. De esta forma, el objetivo para 2018 será del 0,3 por ciento y en 2019 se alcanzará el 0. También se ha establecido el objetivo de deuda pública de las comunidades: un 24,4 por ciento del Producto Interior Bruto en 2016, un 24,4 en 2017, un 24,1 en 2018 y un 22,7 en 2019.
El debate sobre financiación
Las divergencias en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el nuevo objetivo de déficit están fundamentadas sobre las distintas opiniones que suscita el sistema de financiación autonómica. La Comunidad Valenciana fue la más clara, pero también Cataluña y Baleares lo pusieron sobre la mesa. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió durante su discurso de investidura a abrir un diálogo con las comunidades autónomas. La semana pasada, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría recordó el compromiso. “La Conferencia de Presidentes se abrirá y marcará la agenda política del curso 2017. El presidente del Gobierno enviará dentro de unos días la convocatoria de esa conferencia para que abramos el 2017 con lo que está llamado a ser el principal órgano de colaboración y cooperación entre administraciones”, dijo.
La reforma de la financiación autonómica es la herramienta principal para acabar con las inequidades que se producen, sobre todo, en Sanidad. Durante la legislatura pasada fue una asignatura pendiente que el Gobierno ahora no quiere que perdure. “Creo que asuntos tan importantes como la recuperación económica y el empleo, los futuros debates en el conjunto de la Unión Europea y los compromisos derivados de nuestra pertenencia o la sostenibilidad de nuestro modelo de bienestar, en el que Estado y comunidades autónomas tenemos que gestionarlo juntos y bien, pueden ser elementos importantes para ponernos de acuerdo”, aseveró Sáenz de Santamaría en el Senado.
En este debate, el Partido Socialista recogió el guante del Gobierno pero avisó de que no permitiría que se quedase sólo en buenas intenciones. “Queremos recuperar los debates sobre el Estado de las Autonomías. Queremos también trabajar aquí sobre la coordinación del trabajo en el ámbito autonómico y local, porque esas son sus nuevas competencias en el seno del Gobierno”, espetó el senado socialista Vicente Alberto Álvarez.
