El Congreso de los Diputados ha vuelto a instar de manera unánime al Gobierno a que retome su condición de país donante del Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria. Pero por primera vez este acuerdo ha venido acompañado de una cifra concreta, algo a lo que el PP hasta ahora se había opuesto, amparándose para ello en la situación financiera de España y la situación de interinidad del Ejecutivo. La PNL aprobada una semana antes del Día contra el Sida será la primera prueba de fuego para comprobar la voluntad política del Gobierno en materia de solidaridad internacional.
El texto acordado en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo apuesta por una aportación suficiente acorde a las necesidades y objetivos establecidos por el fondo para el trienio 2017-2019 y al peso de España respecto del conjunto de la comunidad de países europeos donantes del fondo. Dicha contribución sería de 30 millones de euros en 2017 hasta llegar a los 100 millones de manera progresiva, en los tres años, de forma que se ajuste a la capacidad financiera de nuestro país.
Las organizaciones de la sociedad civil son optimistas. Creen que la noticia permite volver a creer que España será partícipe en la lucha internacional contra el sida y en el esfuerzo global para acabar con la pandemia de sida en 2030. Precisamente eran 100 los millones de euros que faltaron para que la Conferencia de Reposición de Recursos del Fondo de septiembre cumpliera su objetivo: recaudar 13.000 millones de dólares para el periodo 2017-2019.
La sociedad civil cree que es posible volver a creer que España será partícipe en la lucha internacional contra el sida
Si bien cabe esperar que este objetivo se logre, los 13.000 millones siguen sin ser suficientes para cumplir los objetivos. Tanto Onusida como la Organización de la Salud han señalado que la respuesta global al sida por parte de los países donantes se ha estancado o reducido, cuando lo que necesita es una escalada. Hoy, los recursos destinados a la lucha contra el sida ha bajado del máximo de 19.600 millones de dólares que se alcanzó en 2013 a los 19.000 millones de 2015. Y ello a pesar de los cálculos de estos organismos estiman que las inversiones deberían aumentar hasta alcanzar los 26.200 millones en 2020, para bajar progresivamente hasta los 22.300 anuales en 2030.
Una fuente de financiación
En España, el impacto de la crisis continúa siendo un argumento esgrimido por el PP. “La situación actual es mejor pero desgraciadamente todavía tenemos cuatro millones de personas que buscan un empleo y Bruselas nos está exigiendo que recortemos nuestro presupuesto en 5.500 millones de euros”, aseguró la portavoz del PP en la Comisión de Cooperación del Congreso, Carmen Quintanilla. El hecho de que las aportaciones al Fondo hayan bajado indican que el problema de financiación es global.
La sociedad civil recuerda que la respuesta existe. En junio de 2012, con Francia y Alemania a la cabeza, un grupo de jefes de Estado europeos anunciaron su disposición a establecer un Impuesto sobre las Transacciones Financieras. De acuerdo con la Comisión Europea, este impuesto podría recaudar 22.000 millones de euros al año en Europa (3.000 sólo en España). Apenas el 30 por ciento de esa recaudación sería suficiente para financiar el fin del sida para el año 2030, según un estudio promovido por varias organizaciones de la sociedad civil.
#DiaMundialVIH2016 | En 2014, @marianorajoy se comprometió a usar el #ITF para financiar la respuesta al #sida…⌚️ https://t.co/mry5KbChhr pic.twitter.com/bsUhShv1CW
— Salud por Derecho (@Saludporderecho) 1 de diciembre de 2016
Varios de los once países europeos que forman parte del Mecanismo de Cooperación Reforzada ya han declarado su disposición a asignar parte de los ingresos del ITF a la solidaridad internacional. España está entre ellos, tal y como señaló Mariano Rajoy durante el Día Mundial del Sida de 2014. Tras cuatro años siendo objeto de debate cabe esperar un acuerdo en el Ecofin del 6 de diciembre. La sociedad civil insta a que las negociaciones versen sobre el destino de los fondos obtenidos para convertir este impuesto en una herramienta de lucha en favor de cuestiones de interés general, y que no se destine a pagar “los déficits de los países recaudadores”.
