Lo que criticamos de otras personas dice más de nosotros mismos que de los otros. Conviene tener esto muy en cuenta a la hora de analizar, desde dos vertientes muy diferenciadas y que conviene no mezclar, las razones que han llevado a escribir el último capítulo de la gran apuesta, ya formalmente fracasada, del COFM y de la Consejería de Sanidad regional, por el progreso de la farmacia asistencial.
La primera de esas vertientes es la parlamentaria. Es obvio que el trámite de cualquier iniciativa tiene unos procesos muy marcados y que no hablamos de un texto simple, que permita su aprobación express. Pero el paso de la Ley de Farmacia por la Asamblea tampoco puede escapar de lo obvio: la cercanía de las elecciones autonómicas, a la que han conducido directamente los retrasos acumulados, primero en el registro de enmiendas —el plazo se amplió nada menos que cinco veces—, y luego, una vez superado el debate de totalidad, a la hora de crear la Ponencia.
La segunda de estas vertientes es la profesional. El consenso al que han llegado farmacéuticos y enfermeros es un ejemplo y tendría que dar mucho en qué pensar a todo un sector que no deja de exigir a sus representantes políticos que aparquen sus diferencias. Especialmente debería dar qué pensar a quienes desde el ámbito corporativo parecen haberse precipitado en juzgar un texto sin conocer su contenido. Negociar no es ganar a toda costa; negociar es, intrínsecamente, ceder en beneficio de un bien mayor.
El proyecto de Ley de Farmacia nunca fue solo el proyecto de Ley de la Atención Farmacéutica Domiciliaria. Incluía muchas novedades que hacían de ella un texto imprescindible para dejar atrás la actual, de finales del siglo XX. Hablamos de la actualización de la población necesaria para abrir farmacias; de la eliminación de horarios sujetos a módulos de 12 y 24 horas; de la creación de un registro de establecimientos de carácter público, electrónico y finalidad informativa a los usuarios (el actual sólo es interno y de carácter administrativo); de la regulación de las unidades de radiofarmacia; de la reducción de las cargas administrativas; de la posibilidad de que exista una sección de Dietética y Nutrición que hasta ahora no se contempla y de otros tantos artículos que, por desgracia, quedan aparcados.
El proyecto de Ley de Farmacia de Madrid nunca fue solo el proyecto de Ley de la AFD de Madrid
