Algo más de dos años han pasado desde que las enmiendas sanitarias que acompañaron a los Presupuestos Generales de 2016 entraran en vigor. Con ellas se devolvió la exclusividad de las siglas EFG a los genéricos pero también se perdió la discriminación positiva a igualdad de precio de la que disfrutaban estos medicamentos desde 2012. Una merma que sumada a los diferenciales de precio suprimidos en 2011 y a unos precios de referencia que se han cebado con algunos medicamentos de alta utilidad terapéutica han llevado a este sector a registrar crecimientos negativos por primera vez en sus veinte años de historia.
Precisamente esta efeméride fue la que registró en la agenda política la problemática. Las voces que defendían (y defienden) a los genéricos se escuchaban en las Cámaras Legislativas y en el Ministerio de Sanidad, pero el tono era de susurro. Tras la celebración del vigésimo aniversario los tiempos se han acelerado y los grupos políticos y el Gobierno han comenzado a tomar posiciones. Desde el Paseo del Prado se anuncia como inminente una pacto por la sostenibilidad con la patronal Aeseg similar (en el fondo pero no en la forma) al suscrito con Farmaindustria. Lo ha asegurado el secretario general de Sanidad, Javier Castrodeza, tanto en foros del sector como en el Senado y el Congreso y sendas comparecencias. Desde Aeseg también se espera que la firma se produzca cuanto antes aunque se muestran cautelosos porque la promesa de pacto lleva unos dos años sobre la mesa sin que nadie de la Administración se haga cargo de ella.
Junto a este protocolo, las medidas concretas que vuelvan a la Ley de garantías también asoman en el Congreso de los Diputados. Unión del Pueblo Navarro, sucursal foral del Partido Popular, ha sido la formación que primero se ha colocado la medalla de defensora del genérico. El objetivo que persigue la Proposición de Ley presentada es el de “garantizar que los medicamentos genéricos y biosimilares continúen siendo herramientas clave en la sostenibilidad de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud”. La iniciativa, suscrita por los diputados navarros Íñigo Alli y Carlos Salvador, busca devolver la discriminación positiva que se llevaron ‘las enmiendas sanitarias’ del Partido Popular.
Esta medida, de todas las que se han ido perdiendo en favor del genérico, no es la preferida por Aeseg. “Nosotros pensamos que el diferencial de precio y asegurar la Prescripción por Principio Activo son las mejores herramientas para el genérico pero nos alegra que los grupos políticos registren proposiciones de ley que busquen favorecer a estos medicamentos”, asegura el secretario general de la patronal, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda.
También habrá novedades en materia de Precios de Referencia. Castrodeza, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, anunció que el nuevo Real Decreto saldrá en 2018 (y se prevé que sus cambios afecten a la orden anual). Las novedades, además de asumir las sentencias que el Tribunal Supremo dictó el pasado mes de agosto, estarán orientadas a mejorar la supervivencia de algunas moléculas de viabilidad económica comprometida. “Buscamos no comprometer económicamente medicamentos de alta utilidad terapéutica”, dijo el secretario general para, a continuación, resumir que esta acción es “crucial” para el Ministerio de Sanidad.
En el Senado también ha habido movimientos si bien no han sido tan esperanzadores para el sector como en el Congreso y el Ministerio. El Partido Socialista, de la mano del portavoz José Martínez Olmos, registró una moción para instar al Ministerio a elaborar una estrategia de fomento para estos medicamentos. La acción política no salió adelante por la oposición del Partido Popular, aunque las razones esgrimidas por la formación que sustenta al Gobierno fueron aceptadas por el sector. El PP quiere encuadrar a biosimilares y genéricos dentro de la misma estrategia porque desde el punto de vista económico no los considera diferentes.
En definitiva, la mejor noticia para el sector es que en poco más de dos meses ha habido más movimiento que en los dos últimos años. El genérico tendrá el apoyo de las administraciones por su potencial de ahorro y contribución a la sostenibilidad. Quizá no sean las medidas que mejor potencien a su cuota de mercado pero sí serán algunas que han funcionado en el pasado. La cuestión ahora en el cuándo. Todo hace indicar que será en 2018 pero para un mercado que pierde posiciones no es lo mismo hablar de abril o mayo que de noviembre o diciembre. Y ya se sabe que hasta que los presupuestos no se aprueben lo demás es secundario.
