El proyecto de Decreto Ley de actuaciones urgentes de gestión y eficiencia en prestación farmacéutica y ortoprotésica de la Comunidad Valenciana sigue despertando las críticas dentro del sector. Y más aún una vez conocida la memoria económica de dicha normativa, en la que se refleja el impacto económico que tendrá la medida, tanto para las arcas públicas como para las de las propias oficinas de farmacia.
En este sentido, cabe destacar, que la normativa valenciana pretende rebajar en 53 millones de euros el coste anual de la receta farmacéutica con medidas relacionadas con el suministro de absorbentes y dietoterapéuticos a domicilio, de estractos hipersensibilizadores, de tiras reactivas de glucosa, de medicamentos a residencias de tercera edad de titularidad privada. Unas medidas que dejarían estos pagos en 89 millones de euros, algo que, tal y como indica la memoria económica, supondría una “rebaja en la tensión por impagos de las oficinas de farmacia”.
Al Tribunal Constitucional
Por otro lado, cabe destacar que los colegios de farmacéuticos valencianos tienen la intención de que este real decreto acabe en el Tribunal Constitucional, tal y como anunció su presidenta, María Teresa Guardiola, que mostró el rechazo “unánime” de esta legislación porque, según indicó, crea una red paralela de distribución de medicamentos en los centros de salud, centros socio sanitarios y a domicilio y fulmina el acuerdo de concertación al abrir la posibilidad de conciertos individuales.
Asimismo, precisó que este real decreto, que será convalidado mañana 13 de marzo por las Cortes Valencianas, que en la reunión que mantuvieron la semana pasada con el consejero de Sanidad, Manuel Llombart, este solo dijo que se trataba de una medida de ahorro.
