Esta legislatura ha proporcionado al PSOE un argumento recurrente sobre la necesidad de universalizar la sanidad. En honor a la verdad, el argumento se lo ha servido en bandeja el Gobierno del PP con el RD 16/2012, pero la sanidad bajo el PP es igual de universal que con el PSOE, le pese a quien le pese. El argumento de que la sanidad debe “volver a ser un derecho universal” es un argumento eficaz en un mitin y con entusiastas militantes, pero carece de eficacia para conseguir al votante del disputado centro ideológico.
Los números afirman que España es el país con la sanidad más solidaria de Occidente. Nunca jamás se ha dejado un inmigrante sin atender, ni con RD ni sin él. Pero la estrategia de que el PP quiere acabar con la sanidad pública se ha apoyado en el texto del RD 16/2012, como se ha alimentado en la externalización sanitaria de Madrid, ahora desechada por el Gobierno de Cristina Cifuentes. Sin tener mucho que ver una cosa con la otra, estos hechos han dado alas a los movimientos que arengan contra los que van a acabar con la sanidad pública. La sanidad ha vuelto al centro de la disputa política en el marco pre electoral en el que nos encontramos. El ministro Alfonso Alonso y su segundo Rubén Moreno, han sido capaces de corregir el rumbo cuando ha sido necesario, con una habilidad que se preveía, a juzgar por la experiencia de ambos. Predecible era que solucionaran cuestiones que se habían estancado.
Lo que parece que va a ser mas complicado es impedir que se asocie la insuficiente económica para la sanidad con las medidas del Gobierno. No son lo mismo, pero tienen relación. Son las CC.AA. las que deciden lo que van a destinar a Sanidad, pero el Gobierno les limita el déficit. La solución es conseguir que la sanidad tenga los recursos económicos que necesita, porque mientras pretendemos pagar la sanidad de los inmigrantes ilegales, no pagamos las facturas de las empresas que operan en España y crean empleo, ni pagamos a los médicos y enfermeros un salario semejante a países de nuestro entorno, ni las farmacias poseen los márgenes adecuados ni se es puntual en los pagos en ciertas regiones.
Nadie pretende que se deje a ningún inmigrante sin atender. Si eso no ocurría en la España del siglo XX es menos probable que ocurra en la del siglo XXI. Pero mientras en otros países de la UE el debate es la manera de organizar la inmigración, evitando la ilegalidad, España manda cada vez más avisos para que venga la inmigración ilegal, para ser atendida por nuestra sanidad. Si España quiere ser solidaria es muy loable, pero debe pagar sus facturas sanitarias y elaborar unos presupuestos realistas que incluyan fondos para la inmigración. Hay que buscar la fórmula para gastar en solidaridad sin desatender a la propia sociedad. Universalizar la sanidad sin presupuesto es mas de lo mismo; el déficit y los impagos seguirán creciendo.
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