El anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP) da sus últimos pasos antes de llegar al Consejo de Ministros, que dará luz verde a un texto que desde el primer borrador, que vio la luz el 28 de diciembre de 2012, ha sufrido variaciones. Precisamente, desde la Unión Profesional, organización que agrupa a las profesiones colegiadas españolas, se pretende introducir alguna más en relación al texto que llegó al Consejo de Estado, que deberá emitir un dictamen previo a su remisión al Consejo de Ministros. ¿Cuáles son los puntos principales en los que inciden las alegaciones presentadas por la Unión Profesional y que afectarían a la oficina de farmacia? Básicamente se trataría de cuatro: mantener la colegiación por provincia de residencia; modificación del régimen de cuotas; régimen de incompatibilidades; y la creación de una Comisión Consultiva de las Profesiones.
En este sentido, y acerca de la colegiación, Unión Profesional destaca que el hecho de que el anteproyecto haya modificado la exigencia de la colegiación en el colegio donde se encuentre el domicilio habitual del profesional supone “un perjuicio para los derechos de los usuarios”. Así, desde la organización que agrupa a las profesiones colegiadas en España, se señala que la libre elección de colegio afectaría de manera especial los actos asistenciales y directos, “no pudiéndose llevar a cabo bajo el control deontológico efectivo o siendo imposible el fin esencial de los colegios, que es la atención a los usuarios de los servicios de ‘sus’ colegiados”.
Asimismo, otro de los pilares en los que se sustentan las alegaciones de Unión Profesional se refiere al régimen de cuotas previsto en el anteproyecto de ley, que, recogiendo la sugerencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, prohíbe en los colegios de colegiación obligatoria una cuota de inscripción o colegiación, o pago alguno con independencia de su denominación. Un asunto, el de las cuotas, que también prevé una cantidad mensual única y máxima: poco más de 20 euros al mes.
A este respecto, desde Unión Profesional se indica que se trata de “una manifiesta injerencia en la autonomía colegial indispensable para su funcionamiento, una vez que sus funciones públicas colegiales no tienen otra fuente de financiación”. Por ello, creen que se ajustaría más a la técnica legal y a la realidad que se recogiesen unos criterios de composición de las cuotas “como reparto de costes del ejercicio de las funciones obligatorias de los colegios, tanto en la incorporación a la profesión como en las cuotas periódicas, siempre que se justifiquen adecuadamente para que sean aprobados en el presupuesto anual y, en todo caso, susceptibles de ser revisadas”.
Incompatibilidades y comisión
Del mismo modo, Unión Profesional incide, respecto a la autorregulación que deben mantener estas corporaciones, en que el régimen de incompatibilidades previsto en el anteproyecto “resulta una injerencia en su funcionamiento”, sobre todo el hecho de regular pormenorizadamente esta cuestión respecto a cargos concretos. “No se puede eliminar toda posibilidad de tener un cargo público o privado y desempeñar, a su vez, un cargo colegial electo”, indican.
Igualmente, en las alegaciones se propone la creación de una Comisión Consultiva de las Profesiones, cuyas funciones serían “emitir de informes sobre normativa que afecte al conjunto de las profesiones así como el desarrollo de la representación y coordinación de las diferentes organizaciones colegiales tanto en el ámbito estatal como ante las instituciones de la UE”.
