Abogado de
Faus & Moliner viernes, 03 de enero de 2014 h
Dejamos un año difícil para el sector, que, desde luego, no nos ha dejado demasiados motivos para volver la vista atrás. A los duros ajustes que han tenido que asumir industria y distribución, y a los retrasos en el pago a los proveedores, se ha venido a sumar el caos generado por algunas autonomías empeñadas en cuadrar sus cuentas en detrimento de la legalidad vigente.
El cataloguiño gallego, el acuerdo marco andaluz, o los algoritmos valencianos son sólo algunos ejemplos de la peligrosa deriva a la que asistimos. Por no hablar de otras actuaciones por la vía de los hechos aún más escandalosas. Como forzar la prescripción de medicamentos que en ocasiones ni siquiera están autorizados para el tratamiento de la patología, o el establecimiento de obstáculos burocráticos más o menos disimulados que terminan impidiendo el acceso a tratamientos innovadores.
Nos hemos referido en innumerables ocasiones a los serios riesgos que conlleva gestionar la cosa pública a costa de la seguridad jurídica. Habrá quien crea que nada ocurre por prescindir de ella. Se dirán: corren tiempos difíciles y el fin justifica los medios. Nada más peligroso. La seguridad jurídica constituye la piedra angular de todo Estado de Derecho. Sin respeto a las reglas del juego difícilmente puede construirse un entorno atractivo para emprender una aventura empresarial. Y mucho menos atraer la inversión exterior. Ya me dirán como puede convencer a los operadores internacionales para invertir en centros productivos o de investigación en nuestro país si no les ofrecemos un marco jurídico estable y predecible.
Pero no todo son malas noticias. El acuerdo entre el gobierno central y valenciano para modificar el polémico Decreto Ley 2/2013 de actuaciones urgentes de gestión y eficiencia en prestación farmacéutica y ortoprotésica, muestra que es posible hacer las cosas de forma diferente. Y, por otro lado, las tímidas mejoras que parecen observarse en los indicadores económicos ayudarán sin duda a evitar nuevas iniciativas unilaterales que tan caras pueden terminar saliendo. Ahora toca desandar el camino emprendido al amparo del anterior Decreto Ley, derogando por ejemplo, en pro de la seguridad jurídica, precisamente, las famosas instrucciones sobre metotrexato subcutáneo, antipsicóticos parenterales y extractos hiposensibilizantes.
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