La vieja sombra de la liberalización amenaza de nuevo al modelo español de farmacia, considerado modélico por parte de la mayoría de los ciudadanos españoles. Sin embargo, parece estar en el punto de mira del ministro de Hacienda, Luis De Guindos, y de algún otro miembro que forma parte del Ejecutivo, como antes lo estuvo en el del comisario europeo de Mercado Interior Charlie McCreevy.
Si la nueva amenaza ‘quintacolumnista’ se concretase significaría acabar con modelo que funciona desde el siglo XII, tal y como afirma Carmen Peña, presidenta del Consejo General de Farmacéuticos de España. Un modelo, basado en la restricción de la propiedad de estos establecimientos a favor de los titulares farmacéuticos, que ya antes sobrevivió a las corrientes liberales que circularon con gran intensidad a lo largo del siglo XIX.
Esta amenaza se vio ‘definitivamente’ ahuyentada por el decreto del 24 de enero de 1941, que reglamentó el actual marco para establecer nuevas boticas en base a una planificación por número de habitantes y distancia entre ellas. Una legislación que señalaba que las restricciones a la libre competencia supone “una mayor elevación en ese sentido moral de los profesionales farmacéuticos de lo que se deducirá un gran beneficio para la salud pública”.
Este reglamento fue completado por la ya derogada Ley de Bases de Sanidad Nacional de 25 de noviembre de 1944, que limitaba el establecimiento y regulaba traspasos y condiciones de venta. Más tarde, en plena Transición, el Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, desarrolló la ley de 1941 y se adoptó una planificación basada, por regla general, en el establecimiento de una farmacia por cada 4.000 habitantes y una distancia mínima entre ellas de 250 metros. Una regla general, ya que, al amparo del artículo 149.3 de la Constitución, las comunidades incluyeron en sus estatutos su competencia exclusiva en materia de ordenación farmacéutica, desarrollada a través de sus leyes de Ordenación Farmacéutica.
Cabe destacar que la Ley 14/l986, General de Sanidad, de 25 de abril, reconoció el monopolio por la profesión farmacéutica de las farmacias abiertas al público así como la reserva de la custodia, dispensación y conservación de medicamentos tanto a estas como a los servicios hospitalarios. De esta forma, la situación de la farmacia quedaba como está en la actualidad, algo que, a pesar de que hubo algún intento, no fue modificado tras la aprobación de la Ley del Medicamento de 20 de diciembre de 1990.
¿Y el resultado de toda esta legislación y regulación? Un modelo farmacéutico que cuenta con 22.000 trabajadores autónomos y 55.000 empleados (farmacéuticos adjuntos, auxiliares y otros trabajadores); motor económico, con un gasto de explotación anual de 3.100 millones de euros (empleo, servicios, consumos); y motor sanitario, al llegar al 99 por ciento de la población y atender cada día a más de dos millones de personas.
