Una primicia sobre el Real Decreto de fijación de precios del medicamento que se está desarrollando era la cuestión más esperada en la mesa sobre precio, reembolso y acceso al mercado celebrada en el marco del 33º Simposio de la Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria (AEFI) en Barcelona. Pero no llegó.
Mercedes Martínez, consejera técnica de la Subdirección general de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, no quiso entrar en detalles, aunque ha facilitado algunas pistas. Dentro del borrador de estructura de desarrollo de real decreto, en lo que respecta a los precios, Martínez señaló que en el contexto de lo que marca el RDL 16/2012 “la idea es que quizá sea mejor que el precio de financiación sea solicitado antes que el precio notificado”.
Otros apartados que citó son el precio seleccionado, es decir, un precio concreto para un mismo principio activo que se mantuviera con vigencia durante unos años; así como el de receta electrónica o el de nomenclátor maestro, que incluirá el catálogo completo de los productos hospitalarios. Asimismo, remarcó que un decreto de hace más de 20 años está marcando el “precio basado en el valor”, el concepto en el que insistió durante toda su ponencia. Puesto que en España el precio se fija también añadiendo al coste total del producto el beneficio empresarial, el decreto 271 de 1990, “en cierto modo obsoleto conceptualmente”, contempla, sin embargo, “la utilidad terapéutica del producto como corrector del apartado de beneficio empresarial, siguiendo el criterio de proporcionalidad con respecto a las alternativas existentes”.
Compatibilizar modelos
En cuanto a los criterios de financiación, Martínez clarificó que hay que profundizar en el precio basado en el valor, compatibilizando los dos modelos, el “estimativo” que rige en España, con el anglosajón de coste-eficacia, que no son excluyentes, y además la relación entre el coste-efectividad y el impacto presupuestario, puesto que los modelos basados en estos dos parámetros los contemplan de una manera independiente. Y añadió que se tendrá que evaluar la manera “en que la empresa contribuirá al PIB como factor dinamizador de la economía española en la fijación del precio de un medicamento”.
Por su parte, el subdirector general de Farmaindustria, Javier Urzay, aseveró que el gasto farmacéutico, incluyendo la innovación, “está controlado y ha dejado de ser un problema”. En cuanto a los procedimientos de precio de reembolso, valora que las medidas que se van poniendo en marcha son “sensatas y en la dirección correcta”, en la línea de la propuesta realizada por Farmaindustria ya el año pasado.
En lo que respecta al informe de posicionamiento terapéutico, opina que está incorporando el conocimiento de expertos de todas las comunidades, “una evaluación integral”. El papel de éstas en la Comisión Interministerial de precios de medicamentos, así como sus preocupaciones, fue abordado por Carolina González, subdirectora de Farmacia del Servicio Gallego de Salud (Sergas), que destacó la necesidad de una relación transparente cliente-proveedor con la industria farmacéutica, así como la focalización en la “innovación contributiva”, puesto que “no es lo mismo precio que valor”.
