| viernes, 25 de abril de 2014 h |

España, como cualquier país de la UE, debe decidir dónde quiere estar en materia de protección social, de investigación global y de cobertura sanitaria a sus ciudadanos. Y parece que nos negamos a reconocer que cuando no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento nos es favorable (Séneca, 4 aC-65 dC). ¿Dónde quiere estar España como país? ¿Dónde queremos estar en prestaciones sanitarias y farmacéuticas? La reciente noticia de la incorporación de novedades terapéuticas en el País Vasco, antes de que el Ministerio de Sanidad (MSSSI) conceda precio y financiación, evidencia una situación que debe corregirse.

Que no hay presupuesto suficiente para todo lo que promete el estado es un hecho. Que si no puedes pagar lo que ofreces no puedes seguir ofreciéndolo es otro. ¿Cómo se soluciona el conflicto? Lo que sabemos es que retrasar la aprobación de medicamentos ante la escasez de alternativas terapéuticas es inadmisible. Si la razón para no hacerlo es que no hay dinero para la innovación, España debe decidir si va a seguir proporcionando la innovación a sus ciudadanos o dejará de hacerlo porque no habilita el presupuesto para ello. Las consecuencias de no tener claro lo que queremos como país, están apareciendo ya: comunidades que ofrecen alternativas creativas (no exentas de críticas), compañías que reducen su inversión en España y contradicciones en los mensajes políticos.

El País Vasco pone en marcha una iniciativa, aprovechando los mecanismos de la medicación extranjera, pero establece límites: el nuevo medicamento (en cáncer sólo, de momento) debe mostrar una supervivencia total de 4 meses, y un ratio de coste-efectividad incremental que no supere los 35.000 € por Año de Vida Ajustado por Calidad. Si cumple, se sentará a negociar un precio con la compañía comercializadora.

Hace apenas una semana, durante la presentación de resultados globales de la compañía, el presidente del Comité Ejecutivo de Boehringer Ingelheim, Andreas Barner, aseguraba a EG en relación a España que las “rebajas de precios de algunos medicamentos protegidos por patente en España podrían dar lugar a la realización de ajustes… Estamos obligados a reducir costes”.

Desde la administración se oyen quejas de que los precios de los medicamentos son elevados, pero el problema es que nadie se ha preocupado por dedicar dinero a la innovación. El precio de los medicamentos debe ser el que corresponde a un país y a su PIB. España no es Grecia ni Portugal. Ni puede serlo.

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Carlos Lens alaba a Pharmamar y advierte a las compañías que quieren precios elevados y luego congelan el expediente: “Esto se va a acabar”.

La iniciativa del País Vasco de ofrecer medicamentos pendientes de aprobación por el Ministerio evidencia un retraso sistemático en la incorporación de novedades terapéuticas en España.

Más allá de las declaraciones de apoyo a la innovación, urgen medidas que garanticen la suficiencia presupuestaria, y si no, que el paciente tenga opciones de copago o de seguro médico que le garanticen el tratamiento más idóneo.

Las elecciones al COFM deberían anularse y volverse a convocar, y los miembros de la mesa electoral irse a su casa. Nunca unos pocos colegiados hicieron tanto daño al colectivo farmacéutico.