Es licenciado en Medicina y Cirugía, especializado en Neumología, un punto a favor a su labor como portavoz de Sanidad del grupo socialista en las Cortes Valencianas. Nada más conocer el decreto-ley del Gobierno valenciano de medidas en Farmacia, el PSOE pidió la comparecencia del consejero de Sanidad, Manuel Llombart. No tuvo éxito. Esta semana, el Parlamento regional se enfrenta a su convalidación.
Pregunta. El decreto-ley es una disposición para casos de urgencia. Dados los descensos del gasto farmacéutico logrados en los últimos meses, y sobre todo desde el 1 de julio, ¿considera el grupo socialista que la urgencia justifica el uso de esta herramienta por parte del Gobierno valenciano?
Respuesta. No. Consideramos que no es de extraordinaria y urgente necesidad, como debe ser un decreto-ley. Tampoco encontramos motivos porque llevan meses tomando medidas que, según ellos, estaban proporcionando grandes ahorros en materia farmacéutica, aunque por otro lado suponen recortes de cara a los ciudadanos. Decidirse por un decreto-ley parece un reconocimiento del fracaso de medidas anteriores, además de ser una forma de sustituir a las Cortes.
P. El decreto-ley pretende reducir en 300 millones el gasto en Farmacia de la Comunidad Valenciana. Eso supone el 25 por ciento del gasto regional en medicamentos. ¿Creen posible llevarlo a cabo sin que se vea afectada la calidad de la prestación farmacéutica?
R. Hasta ahora las medidas adoptadas por el Gobierno han supuesto recortar y que muchos ciudadanos hayan tenido que priorizar. Los datos publicados hablan de que los pacientes no retiran de la farmacia hasta un 20 por ciento de las recetas prescritas. Es evidente que este decreto-ley afectará a la calidad de la prestación al ciudadano.
P. ¿Con qué argumentos generales se enfrentará el grupo socialista a la convalidación de este decreto-ley?
R. En primer lugar nos manifestamos en contra de la urgente necesidad. Pediremos que se desarrolle como una ley y que se pueda debatir sobre cada uno de los puntos. En segundo lugar, no ha habido diálogo, ni con profesionales, ni agentes sociales, ni partidos políticos. En tercer lugar, se pone el acento sobre el ahorro y no sobre la calidad. En cuarto lugar, la memoria económica no nos parece consistente. En quinto lugar, la incentivación en función del ahorro puede tener un efecto perverso que no tiene sentido y que afecta a la ética profesional. Se debe incentivar en términos objetivos y de calidad, no de ahorro. Luego hay temas de dudosa legalidad que estamos estudiando.
P. ¿Es la ‘red paralela’ que denuncian los farmacéuticos uno de ellos?
R. Sí. Es una de las dudas que tenemos. Lo estamos estudiando desde el punto de vista legal.
P. ¿Cómo valora la situación en la que quedan los conciertos?
R. Da la impresión de que queda abierto. Habla de diversas posibilidades. Hay que estudiarlo a fondo.
P. La Agencia Valenciana de Salud podrá determinar, en condiciones de urgencia o excepcionalidad, la concertación selectiva. ¿Puede ser un mecanismo contra nuevos cierres patronales?
R. La deuda con las farmacias continúa. El gobierno regional debe aún tres meses del año pasado y medio mes de enero. Es posible que pueda ser un mecanismo contra nuevos cierres patronales, aunque no se puede asegurar.
P. ¿Cómo valora la idea de seleccionar los fármacos con mejor balance coste-efectividad?
R. Nos parece bien que, cuando se escoge en igualdad de condiciones, se tenga en cuenta el coste-efectividad, pero siempre de acuerdo con criterios profesionales y de calidad. La excepcionalidad prevista parece compleja y debe quedar en manos de los profesionales.
P. ¿Qué opina sobre que en cada algoritmo se seleccionen las opciones más coste-efectivas “desde la perspectiva de la Agencia Valenciana de Salud”?
R. Es un ejemplo de la falta de diálogo. El protocolo debe ser realizado por profesionales de reconocido prestigio en cada una de las materias, no por quien diga la Agencia Valenciana de Salud. Además, un tratamiento puede ser más caro inicialmente pero más barato al final, si va a impedir que un paciente ingrese en el hospital o se complique su enfermedad. Por eso, además de ser realizados por profesionales, un protocolo no puede ser absolutamente rígido. Tiene que ser flexible, máxime ahora, cuando la tendencia es individualizar cada vez más los tratamientos.
P. ¿Asegura este decreto-ley la libertad de prescripción?
R. Es dudoso. Que haya protocolos me parece bien, pero se debe dejar margen para que sea el profesional el que decida. Es decir, estamos de acuerdo con el criterio de coste-efectividad, pero respetando la libertad de prescripción. Eso significa escuchar a los profesionales y no tomar decisiones desde un punto de vista exclusivamente político.
P. ¿Bastarán estas medidas para ajustar el déficit y alcanzar los objetivos de 2013?
R. Somos una comunidad intervenida absolutamente y las decisiones se toman muy parcialmente. No dudo de que no se van a cumplir las previsiones y se tendrán que implantar más recortes.
P. ¿Por qué?
R. Porque el Gobierno lleva mucho tiempo tomando medidas que no se cumplen y hoy somos la región con mayor déficit del Estado. El pasado abril hablaban de un ahorro global en Sanidad de 260 millones de euros y de unos ingresos de 180 millones. Lo pusieron en el Plan de Reequilibrio. En septiembre, los datos cambiaron. Si los modelos presentados han demostrado ser imposibles, los que presentan ahora también lo son, porque la memoria económica no explica en qué se basan. Cuando hablan de 300 millones de ahorro, la justificación económica que dan es ninguna. ¿Por qué, por ejemplo, por esos algoritmos van a ahorrar 100 millones?
Para el diputado socialista valenciano Ignacio Subías, propuestas como las incluidas en el decreto-ley de la Comunidad Valenciana de medidas en Farmacia “suelen acabar en recortes de derechos”. Por eso, quiere que se explique bien qué se va a hacer y de qué manera, ya que, en principio, el texto de la norma deja muchas cosas en el aire, necesitadas de diálogo y consenso. Subías no cree, como asegura el gobierno regional, que este plan solo repercuta sobre el canal de distribución. “Si no se tienen en cuenta criterios de calidad, ocurrirá lo que viene ocurriendo ahora por medidas como el copago”, dice.
Y lo que ha puesto de manifiesto en la Comunidad Valenciana la participación por criterio de renta en la prestación farmacéutica es que, según datos facilitados por la Consejería de Sanidad, el 29,4 por ciento de la reducción de la demanda de medicamentos a causa del copago ha sido decidida por el paciente, a pesar de tener en sus manos las recetas prescritas por el médico. Subías califica de “compleja” la situación actual. En opinión del portavoz de Sanidad del PSOE en las Cortes Valencianas, los recortes están llevando a los pacientes a “priorizar” en nombre de la eficiencia, algo que a largo plazo puede pasar factura sobre la salud de la población. “Buscar el coste-efectividad y la eficiencia está bien, pero no con medidas solo de ahorro”, concluye.
