La implicación en la ‘Operación Convector’ de empresas dedicadas a la distribución de medicamentos, todas ellas no asociadas a la patronal que agrupa a los almacenes mayoristas de gama completa, Fedifar, ha puesto en la picota informativa sanitaria a este colectivo. Miguel Valdés, director general de Fedifar, repasa para EG las consecuencias de la ‘Operación Convector’ y deja clara la diferencia entre los mayoristas de gama completa y otros operadores.
Pregunta. ¿La ‘Operación Convector’ daña la credibilidad de todo el colectivo o está bien para ‘limpiar’ la profesión?
Respuesta. Ambas cosas. Si un medio de comunicación se refiere a problemas en la distribución mayorista, nadie que no conozca el sector piensa en un pequeño almacén como los que se han cerrado. Los ciudadanos piensan, como es natural, en las principales empresas de gama completa. Por otra parte, nos congratula que se persigan estas prácticas que distorsionan el mercado y perjudican a nuestros asociados, que realizan una excelente función sanitaria y garantizan el acceso de cualquier ciudadano a cualquier medicamento.
P. ¿Está sorprendido con lo que ha destapado la operación o en Fedifar había ciertas sospechas?
R. Si hubiéramos tenido información concreta de la realización de prácticas ilegales lo hubiéramos puesto en conocimiento de las autoridades. Eso sí, hemos tenido sospechas desde hace años. De hecho, a principios de 2010 las empresas asociadas firmaron un documento condenando esas prácticas y comprometiéndose a colaborar con las autoridades para su erradicación.
P. Visto lo visto, ¿cree que se podría haber evitado llegar a esta situación?
R. Sí, aunque no es fácil. Habría que tener un marco jurídico claro relativo a las obligaciones y derechos en materia de suministro para toda la cadena de distribución, y el RD de Distribución era una buena oportunidad. Por otra parte, habría que haber definido legalmente las diferentes figuras que actúan en el ámbito de la distribución, con reglas claras para cada una. También ayudaría contar con un sistema de información que permitiera detectar estas prácticas y que hubiera inspecciones periódicas a todas las licencias. Aquí Fedifar está a disposición de la Aemps para colaborar en todo lo que consideren conveniente.
P. Fedifar intentó en 2005 que en la Ley de Garantías se diferenciase entre las licencias para mayoristas de gama completa y otros operadores. ¿Podía haber sido un ‘cortafuegos’?
R. Sin duda. No tiene sentido que un gran almacén que garantiza el abastecimiento de medicamentos en su ámbito geográfico tenga la misma autorización que almacenes que aparecen en la web de la Aemps absolutamente desconocidos y que no se sabe a qué se dedican.
P. ¿Se deberían haber reforzado las inspecciones a estos almacenes?
R. Ahora es fácil decirlo. En cualquier caso, aunque parezca un contrasentido, comprendo que la inspección dé prioridad a las entidades que aseguran el suministro de medicamentos, ya que un problema grave en estas empresas es un problema de salud pública. Un problema en los pequeños distribuidores cerrados tiene muchísimo menos alcance.
P. Las investigaciones apuntan a que podría haber implicados relacionados con asociados a Fedifar…
R. Solo conocemos una pequeña parte de la investigación. En cualquier caso, las empresas asociadas a Fedifar están volcadas en el servicio a las farmacias y en asegurar un adecuado abastecimiento y no participan en este tipo de actividades. Son las más interesadas en combatir estas prácticas, que enturbian y dificultan su tarea. Que aparezca un empleado de alguna empresa mencionado en la operación no significa que esta empresa participe en esas prácticas.
P. ¿Hay alguna posibilidad de que algún asociado a Fedifar haya utilizado almacenes pantalla?
R. Hay posibilidad técnica, por supuesto. Sin embargo, estoy convencido de que no ha sido así.
P. ¿Y si se equivoca?
R. Sería una enorme sorpresa. En todo caso, si alguna empresa asociada actúa fuera de la ley, Fedifar tiene mecanismos internos que permitirían tomar medidas.
P. Y el final de todo esto será…
R. Sería deseable que la justicia actúe con celeridad, clarifique la situación y actúe contra los responsables. Por otra parte, las autoridades sanitarias y las instituciones del sector deberíamos desarrollar conjuntamente medidas que aporten transparencia y seguridad en la cadena del medicamento para prevenir que esto pueda volver a pasar.
