Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’ | viernes, 04 de octubre de 2013 h |

¿Qué directivo de la industria ha sido tentado para regresar a la política?

¿Qué dirigente sindical autonómico se ha rebelado contra el secretario general de esta organización?

¿A quién responsabiliza el Ministerio de Sanidad del conato de rebelión autonómica de los consejeros de este partido contra el copago hospitalario?

¿Qué líder profesional vinculado al mundo de las sociedades científicas es socialista de carné e instigador en la sombra de un conato de rebelión en su hospital contra las políticas de externalización del PP?

La previsión macroeconómica del Gobierno apunta a un crecimiento del 0,7 por ciento para 2014, rompiéndose el ciclo recesivo imperante hasta el verano, pero el sector sanitario no debe llamarse a engaño. Los presupuestos generales para 2014 son de nuevo unas cuentas de guerra, mantienen la línea continuista ante la falta de maniobra provocada por el pago de los intereses de la deuda, la prestación por desempleo y las pensiones, y su diseño responde a un objetivo claro y básico: el control del déficit público. Desde este punto de vista, el mensaje a las autonomías es visible: la prioridad para 2014 pasa por mantener al menos el nivel de ingresos y atajar en la medida de lo posible el gasto, porque hay que presentar una hoja de servicios limpia ante Bruselas y los inversores que haga más atractivo el país y favorezca el acceso al crédito a administraciones y empresas, y la llegada masiva de capital. El gran experto Santiago Carbó apunta que sin control presupuestario el empleo que se crearía sería flor de un día, por lo que puede colegirse que esas cuentas son las mejores posibles en espera de que la actividad mejore por sí misma y aumente la recaudación.

Las consecuencias de este planteamiento económico son también claras: la Sanidad volverá a pasar estrecheces en 2014, proseguirán los reajustes, proliferarán las restricciones a la llegada de fármacos a los hospitales, y verán la luz nuevas fórmulas estrambóticas para restringir el gasto en medicinas como los algoritmos valencianos o las alternativas nada equivalentes andaluzas. Es probable que las autonomías dilaten pagos y que más de un consejero tenga que llamar a mitad de ejercicio a su compañero de Hacienda para que hable a su vez a papá Estado y Hacienda autorice la emisión de deuda para captar liquidez para afrontar los pagos.

Si en algo coinciden también los economistas más reputados es en que los presupuestos renuncian a provocar más heridas en algunos sectores. Esto explica que quede aparcada una vez más la imprescindible reforma de la administración pública, lo que afectaría de lleno a la Sanidad. Al margen de la congelación de los salarios de los funcionarios y otros empleados públicos, el Estado opta por el apaciguamiento frente al empuje de las mareas blancas -o mejor dicho, rojas-, antes que meter el bisturí en la Administración. ¿Las consecuencias de esta política? La merma cuantiosa de efectivos que sufriría la Sanidad con esta reforma no se producirá, con lo que el sistema quedará preservado, pero este pagará también las consecuencias de no acometerla. El ahorro estimado para las arcas públicas rondaría los 35.000 millones de euros, según todos los expertos.

Así pues, 2014 volverá a ser un año muy duro para el sector, aunque empiecen a atisbarse las bases para la recuperación.