A menor precio del medicamento, menor margen y menor beneficio para las oficinas de farmacia
¿Qué laboratorio busca nuevo ‘dircom’ y peina el mercado discretamente?
¿Qué médico de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid empezó a rondar por el ministerio durante julio? ¿Por qué?
¿Qué laboratorio nacional recela de la nueva Semergen, y no va a financiar con un solo euro las actividades de esta sociedad?
¿Qué alto cargo del ministerio despotrica contra Pilar Farjas por su torpeza con Facua?
¿Qué consejerías están incurriendo en más gasto por el aumento de la jornada laboral de los funcionarios?
Aunque la gravísima crisis que azota a España se lleva por delante la cuenta de resultados de laboratorios y proveedores, las nóminas de los profesionales y las reservas de los contratistas tanto de obra nueva como de reposición, hay un colectivo al que la escasez presupuestaria de la administración golpea con especial saña: el de los farmacéuticos. Mitad empresarios privados, mitad sanitarios con responsabilidades muy delimitadas en la asistencia que reciben los pacientes, los boticarios no aguantan más. Si 2011 fue un año muy malo, y 2012 es aún peor, 2013 amenaza con convertirse en el ejercicio del apocalipsis si las autoridades sanitarias del país no se toman el problema en serio, no se reúnen de manera urgente y no adoptan un plan de emergencia o de rescate que tenga por objeto salvar la profesión. Así de claro y de crudo está el tema.
Aunque siempre habrá alguien que esgrima que las demoras que sufren en los pagos se producen en lugares concretos como Valencia, Castilla-La Mancha o Canarias, y que son similares a las que padecen otros colectivos, lo cierto es que el cumplimiento de los duros objetivos de déficit al que están obligadas todas las autonomías ha puesto en jaque el pago por la dispensación de los medicamentos y el mismo modelo farmacéutico en sí mismo. A diferencia de otros profesionales o empresas afectados por las demoras, los farmacéuticos carecen de la seguridad de unos ingresos fijos o del colchón de capital suficiente para resistir meses enteros de impagos. Como tampoco tienen fácil el acceso a la financiación bancaria, muchas oficinas se ven abocadas al cierre. Las últimas medidas de ahorro farmacéutico adoptadas por el Gobierno son, además, la puntilla, pues a menor precio del medicamento, menor margen y menor beneficio.
¿Qué pueden hacer las autoridades para salvar a una profesión modélica y ejemplar, cuyos representantes se caracterizan por una gran seriedad y responsabilidad en el devenir sanitario? ¿Qué remedios hay para una profesión que no es responsable directa del crecimiento del gasto y que dispensa muchas veces lo que ya le viene dado? Lo primero que tienen que hacer el Ministerio de Sanidad y las consejerías de Salud autonómicas es reunirse específicamente para este problema al más alto nivel. Después, han de consensuar con los afectados un plan de acción que imponga sacrificios razonables para las dos partes. Sacrificios que sellen topes temporales de pago y descuentos por pronto pago. Las autoridades pueden también, por ejemplo, ampliar la lista de productos susceptibles de venta en farmacia e involucrar a los boticarios en la asistencia domiciliaria para descargar de pacientes el saturado sistema sanitario. Las fórmulas de colaboración y de redefinición de roles en este entorno crítico son infinitas e implicarían renuncias por las dos partes, pero una cosa parece clara: ni la administración ha de limitarse al papel de pagadora, ni las farmacias al de dispensadoras. Es posible que las boticas tengan que trabajar más para ganar lo mismo, pero no es de recibo que se queden sin cobrar.
