Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Pasadas las elecciones y definidos los nuevos gobiernos autonómicos, es hora de dejar de lado los eufemismos para llamar a las cosas por su nombre y actuar en consecuencia. El sistema sanitario se encuentra, con más de 15.000 millones de déficit y miles de facturas en los cajones, en práctica quiebra técnica. Tan grave es la situación financiera de las autonomías, que puede empezar a hablarse ya de emergencia a nivel nacional. No hay dinero para más y los hospitales estallan bajo la presión asistencial, el aumento del gasto y la insuficiencia del presupuesto. Tan dramática situación exige la urgente convocatoria del Consejo Interterritorial para aprobar un drástico plan de rescate a aplicar en el segundo semestre del año. El acuerdo de Sanidad y los consejeros debería incorporar varios elementos. Las autonomías han de pregonar con el ejemplo y recortar la mayor parte de su desmadrado aparato burocrático, así tendrán legitimidad para exigir ajustes severos al sector y a la población general. La medida implicaría la automática desaparición de numerosas direcciones y subdirecciones generales hoy estériles, direcciones provinciales y gerencias, e incluso direcciones asistenciales, allá donde sean prescindibles, así como el recorte del salario de los altos cargos. Una vez hecho, las autoridades deberían exigir sacrificios voluntarios adicionales a los agentes del sector, en forma de deducciones o aportaciones directas en áreas concretas. Sabedores de la crítica situación que atraviesa la Sanidad, las patronales cuentan con información sobre los campos en los que pueden recortar sus asociados y en los que no, en aras de la sostenibilidad futura del sistema y de evitar un ‘decretazo’ posterior más dañino para sus intereses. Los consejeros han de consensuar de forma urgente qué prestaciones sobran en el sistema. Si se dejan de costear, habrá más posibilidades de mantener bajo el paraguas público las esenciales para los ciudadanos de rentas más bajas, los que más sufren el drama de la política económica de José Luis Rodríguez Zapatero.
Hecho esto, hay que pulir ineficiencias. Conviene paralizar todo tipo de inversiones donde se pueda; dar entrada a la privada como un complemento de mayor presencia, apretándola las tuercas para ajustar costes al máximo. La empresa que sea incapaz de prestar servicios a precios eficaces quedaría excluida del sistema público. No hay mayor lógica en la crisis que la de la eficiencia. Otras medidas inexcusables sería establecer la libre movilidad profesional dentro de un territorio, para poder desplazar sanitarios sobrantes de un hospital a otro carente de ellos, con el fin de no tener que contratar a nuevos trabajadores; fijar incentivos por una buena praxis ligada a un uso eficiente de los recursos; o suprimir de la Seguridad Social de las EFP con receta. Las autoridades han de castigar también cualquier incentivo o estímulo empresarial a los productos, pues terminan encareciéndolos o no abaratándolos, cribar de forma más estricta los que van a incorporarse al mercado, y castigar el absentismo laboral injustificado. Estas y otras iniciativas son cruciales para el rescate de una Sanidad herida de muerte.
Preguntas sin respuesta
¿Qué alto cargo del ministerio culpa abiertamente a las autonomías del desastroso estado de sus cuentas y presume de las medidas adoptadas por el ministerio?
¿En qué comunidades crecería el gasto farmacéutico si se incluyeran de nuevo en las estadísticas los fármacos que han pasado a dispensarse en hospitales?
¿Qué presidente de una importante organización sopesa introducir cambios radicales en la misma, incluyendo un cambio de sede por entender que la actual es ostentosa?
¿Qué presidente autonómico del PP realizará cambios importantes en su consejería de Sanidad tras los resultados de las elecciones?
