¿Qué sindicato profesional de Madrid se ha gastado 70.000 euros en el despacho de abogados que interpondrá un recurso contra las externalizaciones de Madrid?
¿De dónde ha salido este dinero?
¿Cuánto cobra este sindicato en subvenciones públicas?
¿Qué miembro de la junta directiva del Colegio de Madrid jalea a este sindicato en su ofensiva contra Javier Fernández-Lasquetty?
¿Qué laboratorio farmacéutico está realizando una revolución interna silenciosa porque su CEO cree que se había convertido en un ministerio?
Aunque es público el malestar de los representantes de los farmacéuticos con el borrador liberalizador de la Ley de Servicios Profesionales filtrado hace meses a la opinión pública, la verdadera batalla, se desarrolla entre bastidores, sin luces, taquígrafos ni grandes escribas de por medio, en el terreno en el que mejor se mueve la habilidosa Carmen Peña. Y créanme, los boticarios la están ganando. A día de hoy, la situación es la siguiente. Además de las empresas que tendrían cabida en el sistema, la liberalización solo cuenta con firmes defensores dentro de un núcleo conocido del Ministerio de Economía. Ni la quiere Ana Mato, conocedora de las ventajas sociales del modelo mediterráneo de farmacia, muy bien asesorada por Pilar Farjas; ni la demanda Cristóbal Montoro, sabedor de la dura crisis que están atravesando estos establecimientos; ni la apoya Ana Pastor, ni la reivindica Soraya Sáenz de Santamaría en del paquete de reformas que prepara España para cumplir con Bruselas a cambio de un objetivo de déficit más relajado. Los críticos con el modelo vigente esgrimen que sigue siendo feudal, trasnochado, opaco y extemporáneo. En la época de la libertad, dicen, nada hay peor que transmitir los negocios de padres a hijos como si fuera por inercia. Aunque sueltan cada vez que pueden que la UE exige el cambio y que el sistema pasará a ahorrar dinero si se opera finalmente, los informes que han llegado a la mesa de Mariano Rajoy son demoledores y desmienten tales argumentos.
Hay uno en particular de especial importancia por el peso específico de sus autores y por la claridad de las ideas que en él se exponen, que relata la dura coyuntura por la que atraviesan las boticas en nuestro país por el impacto de los ajustes del gasto farmacéutico y los impagos. Aventura un cierre estimado de unos 7.000 establecimientos si la situación sigue por los actuales derroteros y demuestra que desligar la propiedad de la titularidad no aportaría ni un euro a las arcas públicas sino todo lo contrario. Además, constata que la liberalización de las profesiones no es demandada por Europa, en lo que a los farmacéuticos se refiere, sino que atañe a otras profesiones e, incluso, a las corporaciones de derecho público. Al despacho del presidente de Rajoy ha llegado también un análisis político del coste/beneficio de la medida. Básicamente, subraya que una liberalización como la prevista en el borrador atacaría al corazón de un colectivo más afín ideológicamente a los postulados conservadores del PP que a los progresistas del PSOE. El cambio le echaría en brazos de este partido y cabría un severo riesgo de que los boticarios hicieran proselitismo entre los ciudadanos que acuden a sus oficinas, como sucedió en Valencia a raíz de los impagos. A día de hoy, los representantes de los farmacéuticos van ganando la batalla.
