¿Qué miembro de la Agencia Española del Medicamento sigue tomando decisiones que comprometen al Ministerio de Sanidad que dirige Ana Mato?
¿Qué alto cargo del Gobierno de Andalucía no puede ver ni en pintura a un alto responsable sanitario socialista y pide siempre no coincidir con él en los actos públicos?
¿Qué consejero popular está enemistado con casi todo el sector sanitario y es criticado por todos por su falta de interlocución?
¿Qué laboratorio farmacéutico tendría que salir de Farmaindustria e integrarse en Fenin ante la pérdida de peso de su división de medicamentos y su huida hacia adelante con la tecnología?
Aunque pueda parecer una frase manida, este otoño se presenta caliente para la Sanidad en el frente autonómico. Con una mayoría de las comunidades bordeando desde el verano los objetivos de déficit trazados por el Estado para todo el ejercicio, se inicia una renovada carrera de fondo en las consejerías de Salud y de Hacienda para amortiguar gastos, incrementar los ingresos y cuadrar las cuentas en el sexto año consecutivo de crisis. A día de hoy, los tres frentes más peligrosos para industria, médicos y farmacias son Andalucía, Cataluña y Valencia. En la primera, las esperanzas del sector en un cambio de discurso tras la fuga de José Antonio Griñán en busca de aforamiento ante el escándalo de los ERE se han truncado. María José Sánchez ha sustituido a la temida María Jesús Montero, sí, pero esta ha pasado a regir los designios de la Hacienda andaluza en sustitución de Carmen Martínez Aguayo, lo que la convierte de facto en jefa suprema de la primera y en guardiana de la partida sanitaria, que representa más del 30 por ciento de los gastos de la comunidad. Es lógico y previsible que Montero redoble aún más desde Hacienda el pulso que mantenía con laboratorios, boticarios y facultativos. Su ascenso en el gobierno regional constituye una de las peores noticias que el sector podía esperar.
En Cataluña, en plena deriva nacionalista y con un desfase evidente en las cuentas públicas por culpa de una más que deficiente gestión pasada y futura, todo apunta a que Artur Mas y Boi Ruiz van a apretarle aún más las cuentas al sector. Y la inercia indica que podría acotarse aún más el acceso al mercado hospitalario de nuevos fármacos y la libertad prescriptora de los médicos. Valencia es un caso parecido, pero aparte. A pesar de todo lo que se ha dicho, cuesta creer que el Manuel Llorente Llombart vaya por libre y se desmarque de la política farmacéutica del PP. Conociendo los antecedentes que existen en esta comunidad en materia de gestión hospitalaria, más bien habría que colegir que Valencia se ha convertido de nuevo en un laboratorio de fórmulas rompedoras para contener el gasto en medicamentos, como la de los inexplicables algoritmos terapéuticos o la instrucción sobre protocolos de prescripción, preparación, transporte, recepción y administración de jeringas precargadas de metotrexato subcutáneo, extractos hiposensibilizantes y antipsicóticos parenterales. La sorprendente pasividad del Ministerio de Sanidad ante tales iniciativas, teniendo en cuenta la belicosidad que mostró contra las ATEs de Montero en Andalucía, no hacen más que confirmar que puede haber una cierta aquiescencia estatal para con Valencia. No parece probable tampoco que el PP haga batalla con estos asuntos, tras la llegada al Congreso del valenciano Rubén Moreno, aunque esto, quizás, sea hilar ya demasiado fino.
