Hoy, pese al ‘plan de pago a proveedores’, las consejerías pueden deber ya más de 5.000 millones al sector
¿Qué ministro remarcó hace apenas nueve meses que el euro por receta de Cataluña no invadía competencias del Estado?
¿Por qué cree este ministro que ahora sí se invaden?
¿Por qué no mete el Ministerio de Sanidad la tijera en el Ingesa, convertido desde hace tiempo en un cementerio de elefantes?
¿Qué valiente consejero del PP está salvando la cara de este partido al explicar en público, sin titubeos, las razones de las reformas sanitarias?
¿Qué empresa mantiene algo más que contactos profesionales con un miembro de la Fundación Tripartita?
Vaya por delante mi más férrea oposición a los recortes. Creo que antes de acometer muchos de ellos es preciso achicar el tamaño de las administraciones públicas, adelgazar la mastodóntica burocracia sanitaria y taponar los agujeros de ineficiencia por los que se escapan cientos de millones todos los años. Dicho esto, no creo que un partido político sea tan necio como para rebajar por gusto el salario de los profesionales, descabalar las cuentas de las empresas que invierten en España o sublevar a los farmacéuticos de forma gratuita, como está ocurriendo. Una cosa es no predicar con el ejemplo y renunciar incomprensiblemente a dotarse de autoritas para luego ejercer la potestas, y otra muy distinta es echar tierra sobre el propio tejado y poner en contra a los propios electores con medidas impopulares que en nada ayudan a consolidar el poder en las urnas. ¿Por qué aplica entonces el PP los recortes en muchos de los lugares en los que gobierna? Por una sencilla razón: porque nuestro país está al borde de la quiebra y muchas de sus administraciones no tienen dinero siquiera para afrontar los pagos más elementales. Seamos claros. Hace un año, la Sanidad española adeudaba solo a proveedores, laboratorios y farmacias alrededor de 20.000 millones de euros. El plan de pronto pago de Cristóbal Montoro logró hacer tabula rasa y poner a cero el contador. Sin embargo, desde su puesta en marcha hasta ahora, la bola de nieve ha vuelto a crecer, porque las consejerías apenas tienen fondos para abonar sus nuevas facturas. Hoy, las estimaciones dicen que pueden deber ya más de 5.000 millones al sector. ¿De dónde se paga si no hay fondos para ello? ¿Qué debería recortarse para sanear la Sanidad sin someterla a ajustes adicionales? ¿La Educación?, ¿las pensiones?, ¿el número de funcionarios?
Ante esta tesitura, caben dos políticas: la del avestruz, que consiste en esconder la cabeza y confiar en que el temporal amaine por sí solo, con la esperanza de que el consumo se recupere y la recaudación aumente, y la actuar con cirugía contra el tumor para que no se ramifique y se extienda por todo el organismo. Con la primera, el Sistema Nacional de Salud iba encaminado directamente a la quiebra y a una situación en la que las autonomías no iban a poder pagar siquiera las nóminas de los médicos, enfermeras y auxiliares. La segunda opción exige sacrificios entre todos los agentes para que el sistema pueda seguir funcionando. Ya no será tan lujoso como antes, desde luego, pero subsistirá. En esta iniciativa, y no en otras absurdas, conviene enmarcar la externalización de la gestión y la configuración de hospitales bajo fórmulas ajenas al derecho administrativo clásico. ¿Qué más da quién atiende a los enfermos si estos reciben tratamiento y la calidad de la asistencia queda garantizada? ¿Cómo es posible que todavía crea alguien que el Estado tiene que llegar a todo cuando no tiene dinero para llegar a nada? ¿Por qué es más eficaz la gestión de un hospital tradicional que la de un centro que funciona con los parámetros de una empresa privada? Que alguien me lo explique, porque no lo entiendo.
