El estatus concedido a la píldora de días después por Alfonso Jiménez Palacios es absolutamente irregular
¿Por qué motivo, que no tiene que ver con los recortes sufridos por el ministerio, han sentado como un jarro de agua fría los presupuestos en el sector sanitario?
¿Qué mujer ex alto cargo de la Consejería de Sanidad de Madrid fue sondeada por Uniteco como posible candidata de la correduría a presidir el Colegio de Médicos de esta comunidad? ¿Por qué descartó esta opción Gabriel Núñez?
¿Qué multinacional envió a su matriz un informe alertando de los riesgos que sufre la industria tras las elecciones andaluzas?
¿Qué político del PP, hoy en la sombra, tiene un gran ascendente sobre los dirigentes sanitarios de esta formación?
El dubitativo y temeroso Ministerio de Sanidad de Pilar Farjas y Ana Mato debe dar ya el paso. No es de recibo que pasados más de cien días desde el cambio de poder, todavía esté mareando la perdiz con la píldora del día después (PDD), y encargando informes y más informes sobre la conveniencia o no de que este producto se dé bajo control médico de forma obligatoria. Y no es de recibo por varios motivos, ajenos totalmente a lo ideológico. La liberalización de la píldora y su subsiguiente dispensación desde las farmacias incluso a menores de edad puede tener efectos devastadores para las consumidoras y para la Salud Pública del país. En primer lugar, es dudoso que esta medida política vaya a reducir el número de abortos, el argumento esgrimido por el PSOE para justificar el sorprendente cambio de estatus del potente cóctel de estrógenos. La revisión exhaustiva y sin adulteraciones de las estadísticas sobre interrupción voluntaria del embarazo del pasado año y del último semestre de 2010 permitirá a la ministra y a su secretaria general llegar a esa conclusión. Sanidad debe poner coto además a la barra libre del producto porque su dispensación generalizada está incentivando la práctica de sexo sin preservativo entre la población juvenil. Como se trata de enfermedades de declaración obligatoria, el ministerio comprobará fácilmente que este cambio de hábito lleva aparejado un aumento de la incidencia de las patologías venéreas, justo en un momento en el que la población extranjera ha mermado, al retornar a sus países por culpa de la crisis.
Pero hay más argumentos para modificar el sistema de dispensación, desde el punto de vista de la salud pública: tras el auge de trastornos graves como la sífilis y la gonorrea, y la mayor facilidad para el contagio del virus del papiloma humano, se esconde otra bomba de relojería: la de los efectos adversos del producto. No son pocos ya los especialistas que auguran una “explosión” de tumores mamarios en España en un plazo de cinco o diez años por culpa de un consumo abusivo y descontrolado del fármaco. Farjas y Mato tendrían que pedir los datos de IMS para tomar conciencia del uso desproporcionado que se está haciendo del mismo.
Sanidad debe revisar asimismo el estatus, porque el que le concedió Alfonso Jiménez Palacios para complacer a sus jefes de Moncloa es absolutamente irregular. De hecho, tras la antológica rueda de prensa de Trinidad Jiménez y Bibiana Aído, y la posterior liberalización, la píldora se ha convertido en el único fármaco de este país que puede darse sin receta y no puede anunciarse en los medios de comunicación por los potenciales riesgos que atesora. ¡Qué curioso! Y el ministerio debe mirar con recelo los informes emitidos por los especialistas. Es vox pópuli en el sector el apoyo económico de los laboratorios fabricantes a alguna sociedad científica. De hecho, el papelón que ha jugado el presidente de una de ellas en la defensa de la venta libre del fármaco roza el bochorno y es cuestionado hasta por sus mejores amigos de la profesión médica.
