¿En qué corporación de derecho público se adoptan decisiones en junta sin quórum suficiente o se da validez a actas no firmadas?
¿Qué colegio profesional de Madrid realiza actos públicos pese a carecer de licencia para ello?
¿Qué alto cargo de Economía, además del ministro, es firme partidario de liberalizar las farmacias?
¿Qué laboratorio acometerá una segunda oleada de despidos a la vista de la drástica caída que experimentó el gasto en 2012?
¿Qué alto cargo del Ministerio de Sanidad está siempre ilocalizable a partir de las seis de la tarde?
En medio de la ola de demagogia contra las reformas sanitarias, hay alguien que impone cordura y dice verdades como puños aun a riesgo de nadar contracorriente. Ajena a manifiestos teledirigidos contra el PP, a la diatriba que pregona con machacona estulticia que es posible ofertar los mismos servicios con menos dinero, y a la ridícula cantinela de una supuesta privatización que encubre un burdo intento de mantener los privilegios adquiridos por parte de los que la divulgan, la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) ha dado en el clavo con una declaración muy clarificadora de la realidad que azota al insostenible sistema sanitario. Recuerda que no pueden invocarse las cifras de gasto sanitario “para no hacer reformas de calado en la gestión, ya que estamos inmersos en la mayor crisis económica de los últimos 50 años y el presupuesto en Sanidad supone entre el 30 y el 40 por ciento del gasto de las comunidades, la mayor partida”. También señala que “la falta de liquidez es un problema acuciante”, y remarca que el déficit ha sido sistemático desde 2002, “pero ahora “hay que tomar medidas urgentes para controlar el gasto público en todas sus partidas”. “No debemos caer en el error de pensar que mayores presupuestos y recursos sanitarios significan automáticamente más salud”, apostilla. La declaración no tiene desperdicio. Por ejemplo, subraya que “en Cataluña la gestión alternativa —la misma que critican ahora los supuestos defensores de lo público— supone más del 50 por ciento de los proveedores desde hace muchos años, sin que ello suponga merma de la calidad asistencial o los resultados en salud; en la Comunidad Valenciana, el 20 por ciento de la población está cubierta por concesiones administrativas de gestión privada de servicio público con titularidad pública, quedando los departamentos que ofrecen dichos servicios en los primeros lugares del ranking de calidad que monitoriza la consejería de Sanidad de la comunidad”.
Los gestores que están en el día a día insisten en que “no se puede demonizar ningún modelo de gestión: Igual de falaz es decir que la gestión privada de servicio público va a disminuir la calidad asistencial y solo busca el lucro, que decir que la gestión pública directa es absolutamente ineficiente”. Y denuncian la existencia de estas bolsas de ineficiencia por las que se fuga el dinero, como las hospitalizaciones innecesarias, por lo que recomiendan mejorar la gestión directa y establecer mecanismos de control e incentivación eficaces. En este punto, critican la politización de la gestión y demandan una mayor competencia entre proveedores sanitarios en España, ya sean públicos, privados o conjuntos. El documento, coordinado por Carlos Alberto Arenas, advierte del papel que tienen los grandes hospitales públicos en la generación del gasto, por lo que recomienda enfocar también hacia ellos las reformas para hacerlos más ágiles, transformándolos en empresas públicas, fundaciones o consorcios”. Se puede decir más alto, pero no más claro: o se introducen reformas, o el sistema se hunde.
