Las farmacias han de dar ejemplo y apostar por negociaciones duras, a cara de perro, sin golpes bajos
¿A qué alude Farmaindustria cuando dice que establecerá “vectores tendenciales” en su estrategia 2020?
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¿Cuántos directivos de compañías se indignaron al oír de su boca que “la sociedad, con certeza, sabrá recompensarlas”?
¿Es equitativo que los catalanes paguen un euro por receta?
¿Qué técnicos autonómicos son partidarios de gravar los móviles y la “comida basura” para financiar con ello la Sanidad?
De los colectivos sanitarios afectados por los recortes relacionados con el medicamento en España los farmacéuticos son, posiblemente, los que se llevan la peor parte. Carentes en su mayoría de liquidez suficiente para aguantar los impagos durante meses, y poco o nada habituados a ejercer sonoras medidas de presión contra las administraciones por su naturaleza sosegada y su vocación de servicio público en favor de los pacientes, se han encontrado de un año a esta parte con todo tipo de obstáculos para seguir desplegando de forma normal su actividad. Si a este cóctel se le añade el galimatías en el que se ha convertido la legislación farmacéutica estatal y autonómica, con precios de referencia que cambian regularmente, precios menores, subastazos y decretiños, sustituciones de medicamentos y vetos a las mismas según el lugar de residencia, y el nuevo copago, entenderemos parte del enfado de la profesión y la razón de los fuegos abiertos en Baleares, Canarias, Cataluña y otras muchas comunidades.
A diferencia de otros colectivos sanitarios lastrados también por la situación económica del país, los farmacéuticos sí disponen en cambio de numerosas armas para hacer oír su voz y avisar a las autoridades del riesgo de seguir por la misma senda. Las boticas de Baleares han echado mano de la amenaza de cobro íntegro a los pacientes para pararle los pies a una consejería sacudida por una herencia que la condena a vivir bajo la bancarrota. Pero hay más. Las farmacias en España pueden actuar como púlpitos contra el poder político, especialmente en pequeñas poblaciones. También tienen la herramienta de la huelga y pueden siempre alegar la falta de stock por el problema del espacio físico de almacenamiento para dispensar productos más caros, desbaratando la estrategia de ahorro de las autoridades. De todas las posibilidades a su alcance para ejercer la autodefensa, hay una especialmente crítica que podría hacer temblar los cimientos sanitarios: la de la información. Una facturación errónea, torpe o rezagada de los medicamentos prescritos desde los centros de salud privaría a la administración sanitaria de datos fiables e impediría una correcta planificación de la política farmacéutica en España.
Pese al teórico poder desestabilizador del que disponen, ignorado al parecer por las autoridades, las boticas no deben caer en guerras de guerrillas que perturben su buena imagen ante los pacientes. En momentos tan críticos, las farmacias han de dar ejemplo y apostar por negociaciones duras, a cara de perro, sin entrar en golpes bajos como los que recibe. Y han de hacer de la necesidad virtud, haciendo valer su papel como agentes de ahorro, frente a la concepción de agentes de gasto que tiene de ellas parte de la administración. Baste decir que si su margen se redujera a cero, la factura farmacéutica seguiría creciendo en un entorno económico normal. Las farmacias han de aprovechar las circunstancias para ganar terreno en la atención a enfermos crónicos, efectuar seguimientos terapéuticos y atención domiciliaria. Deben dar un plus para emerger en medio de la crisis y callar las bocas a todos los que las tienen en el punto de mira de los recortes.
