¿Con qué alto cargo de un Colegio de Médicos están muy enfadados importantes responsables de la industria farmacéutica y varias sociedades científicas? ¿Por qué?
¿Qué acción de la Agencia del Medicamento hace obligatoria la intervención de la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, y de la propia ministra Ana Mato?
¿Qué alto cargo del Ministerio de Sanidad es el responsable directo de que todas las sociedades científicas relacionadas con las vacunas se hayan levantado en armas?
¿Qué sociedad científica sigue recibiendo migajas de la industria farmacéutica desde el relevo de su presidente?
La crisis económica provoca paradojas inesperadas. Una de las más insólitas es la que acaece en la Comunidad de Valencia en torno a las farmacias. Durante años, IU y sus satélites sanitarios han sostenido la necesidad de dispensar medicamentos desde los centros de salud para apartar de la cadena a las farmacias y, con ello, ahorrar al sistema los márgenes comerciales correspondientes a estos establecimientos. Los dirigentes de esta formación y sus sanitarios afines lo han dicho en reuniones a puerta cerrada, en subcomisiones parlamentarias y en foros públicos de todo tipo y, lógicamente, el PP se opuso siempre, con un apoyo más o menos explícito del PSOE, sabedor de la importancia trascendental de las boticas en el modelo sanitario actual. Pues bien, inmersa en la vorágine de la desviación del déficit y en la necesidad de recortarlo, esta comunidad popular se ha descolgado con una decisión insólita que puede enmarcarse dentro de sus antípodas ideológicas en esta área. No puede estar más acertada la presidenta del COF de Valencia, María Teresa Guardiola, cuando habla de “cubanización” del servicio, porque permitir la “entrega directa de productos farmacéuticos a los asegurados y beneficiarios” es parecido a lo que demandaba IU y forma parte de lo que siempre se ha llamado modelo sanitario cubano. Hacen bien los farmacéuticos en temer las consecuencias de esta decisión y su posible expansión por todo el país, aunque la consejería insista que estará circunscrita a apósitos, algunos tipos de inyecciones para infecciones pulmonares y alergias, y a las tiras reactivas para los diabéticos. La puerta a una lista más amplia está abierta.
Tampoco es de recibo acometer tal iniciativa sobre un colectivo que sufre el efecto de los impagos, ni dar carta de legalidad a los conciertos individuales con las boticas, obviando el imprescindible eslabón de los colegios. Una cosa es la eficiencia y otra estirar la cuerda hasta que se rompa, como empieza a suceder con el colectivo de profesionales de esta comunidad. La iniciativa valenciana descuadra, además, el mensaje que intentan transmitir a nivel nacional los dirigentes sanitarios del PP en defensa del modelo farmacéutico. Son necesarias, desde luego, medidas de ahorro. El despilfarro de años pasados debe dar paso a una austeridad imprescindible para que el país se enderece. Pero no se entiende que por un lado se elogie al sistema desde varios ámbitos muy importantes del partido y luego, se amparen decisiones como la valenciana. Seguro que Manuel Llombart, que conoce el mundo de la Sanidad, encuentra vías alternativas para lograr los ahorros que le exige su Consejería de Hacienda. Y seguro que José Ignacio Echániz, en aras de la coherencia y la unidad de acción, se lo recuerda cuando se reúnan en Génova. La farmacia no se merece tanto desgaste.
