¿Qué artículo no desarrollado de una famosa ley aboca a una guerra absurda entre la industria, la farmacia y la distribución?
¿Qué dos altos cargos del Ministerio de Sanidad chocan cada vez más a menudo y dan dos versiones distintas al sector sobre las decisiones oficiales?
¿Qué personaje que trabaja para una conocida corporación de derecho público es apodado dentro de ella como “el gordito feliz”?
¿Qué ex consejero de Sanidad arremete siempre que puede contra la política que está desplegando un sucesor suyo del mismo partido?
Como refleja el programa de reformas que el Gobierno ha enviado a Bruselas, la política farmacéutica aplicada hasta ahora reporta ahorros sustanciosos para las arcas públicas, más altos incluso que durante la última legislatura socialista. El problema radica en la forma de lograrlos. Durante años, desde antes de que comenzara esta legislatura, el sector vive envuelto en una suerte de ceremonia de la confusión arrabaliana de la que nunca se recupera. Cuando parece que llega la calma de los horizontes previsibles, arrecia de manera súbita la tempestad, en forma de ocurrencia ministerial, decretazo autonómico o supuestos mandatos europeos que no son tales. Una de las últimas cuitas para el sector lo constituye el Posicionamiento Terapéutico, un término que viene a sumarse a la compleja y farragosa jerga burocrática que envuelve a los fármacos en España y a su intrincada legislación. El posicionamiento consiste en el documento opinativo que realiza la Aemps sobre un determinado producto después de la aprobación por Europa y antes de arrancar la discusión sobre el precio. Esto en teoría, porque en la práctica las comunidades han vuelto a hacer de su capa un sayo para arrimar el ascua a su sardina y devorar de paso a los fabricantes. Después de lograr su presencia en el comité que formula dichos posicionamientos, las comunidades quieren que este incorpore también recomendaciones de carácter económico, pese a que el producto evaluado carece aún en esa fase del precio. Sí, ya se sabe que contra el vicio de pedir, la virtud de no dar, pero las cosas no son siempre tan sencillas. El director general de Farmacia, Agustín Rivero, es crítico con la iniciativa. El problema es que su posición no es la única en el ministerio. Celosa hasta el extremo con el gasto, la secretaria general, Pilar Farjas, es firme defensora de la participación autonómica en el comité y no ve con malos ojos que se mojen a la hora de valorar el impacto económico del fármaco en cuestión.
Otro de los problemas es que a pesar de participar en el comité, los reinos de taifas autonómicos tienen luego a ignorar lo que en él se dice si no resulta beneficioso para sus políticas de contención del gasto. Cojamos un ejemplo: después de muchas fatigas y penalidades, una conocida multinacional logró recientemente lanzar su producto, después de obtener el precio pertinente. La Generalitat de Cataluña, sin embargo, le comunicó que no iba a permitir la comercialización en dicho territorio porque el fármaco en cuestión “no aporta nada”. Cuando la compañía argumentó que contaba con un posicionamiento terapéutico positivo, emitido por un comité en el que participaba dicha comunidad, las autoridades replicaron que dicho posicionamiento era “flojo”. Como se comprenderá, el desconcierto y la desazón que imperan en la industria son de órdago.
