Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Llegados a este punto, es hora de hacer balance del estado real de la situación. El SNS se encuentra en bancarrota y sin visos de recuperarse; los fabricantes de genéricos están hundidos y su mercado, destrozado; las compañías de fármacos innovadores han perdido toda la credibilidad en el Gobierno y piensan más en trasladar sus plantas al extranjero que en producir en España, mientras la investigación biomédica languidece medio muerta; los proveedores de productos sanitarios se encuentran humillados por las demoras en los pagos y la estocada final diseñada desde Sanidad; y las farmacias, satanizadas, son cada vez más pobres como ‘premio’ por su buen hacer. En el ámbito laboral, las cosas tampoco están mejor. La desmotivación de los médicos, las enfermeras y los auxiliares ha tocado suelo y la última rebaja de salarios es sólo la puntilla a un proceso de degradación que empezaron desencadenando las autonomías, ante la falta de fondos, y el propio ministerio, con su miopía en lo referente a los recursos humanos. Y todo ello, con un agravante nada despreciable: los pacientes han empezado a sufrir en sus carnes las consecuencias de este aterrador escenario en forma de un deterioro de la calidad asistencial que se agudiza e, incluso, del futuro desabastecimiento de medicinas contra algunas terapias. En cuatro palabras: un desastre sin paliativos, ante el que no caben excusas, y ante el que conviene empezar a buscar culpables y a señalarlos con nombres y apellidos.
Las lecturas del último ‘tijeretazo’ del Gobierno (al que ni siquiera edulcora el barniz que le puso el voluntarioso secretario general de Sanidad reconvirtiendo la bajada del precio de las medicinas en “descuento obligatorio”) son múltiples. Conviene formularlas para que la propaganda oficial no las disipe: en primer lugar, queda claro ya que el que manda en la Sanidad no es el ministerio del ramo, desautorizado un mes después de legislar contra el gasto, sino el de Economía: Elena Salgado vuelve a sus orígenes. En segundo lugar, poco puede salvarse en Sanidad salvo una Trinidad Jiménez cuya credibilidad en el sector ha quedado muy tocada, y un José Martínez Olmos que lo mismo es destinado para un roto que para un descosido: no hace más que apagar fuegos. La tercera es que lo aprobado no ayudará en nada a la sanidad. Las aportaciones de los laboratorios podrán servir, por ejemplo, para financiar las ayudas a los fabricantes de coches, y lo obtenido con el ahorro, para crear escuelas o rótulos en catalán o vascuence. Pero será raro que el sistema vea un euro de lo que aporta. La financiación no finalista tiene estas cosas. Y la cuarta, que el Gobierno ha vuelto a demostrar cobardía y ceguera en su proceder. Por supuesto que los laboratorios tenían que contribuir más de lo que lo hacían en un momento como el actual, pero la cuantía exigida se antoja salvaje. Máxime, cuando por una actuación electoralista se ignora a la demanda sanitaria, la principal generadora de gasto en el sector. ¿No es más razonable que los pacientes pagaran un euro por las comidas hospitalarias a que 20.000 trabajadores se vean abocados al paro por culpa de una medida que no salvará a la sanidad de la quiebra?
