¿Qué corporación profesional muy cuestionada por su afinidad con el PSOE ha acertado de lleno al cuestionar la iniciativa andaluza sobre las equivalencias terapéuticas?
¿Qué médico que mueve los hilos en la sombra de un colegio profesional y al que conoce Juan José Rodríguez Sendín trabajó codo con codo con Eufemiano Fuentes, el de la ‘operación puerto’?
¿Qué multinacional es la más desfavorecida por el cambio de embajador de Estados Unidos en España?
¿Qué laboratorio está muy molesto con el Gobierno por no saber ‘vender’ los importantes esfuerzos que está haciendo en España?
Después de pasarse años mirando hacia otro lado, el Gobierno central, a través del Ministerio de Sanidad, va a poner coto a los desmanes autonómicos en materia sanitaria, materializados en leyes y normativas de todo tipo que han derivado en cataloguiños, subastazos, tasas unilaterales por receta y un amplio elenco de ocurrencias variopintas. Desmanes que han sentado los principios de inequidad y de desigualdad en el SNS, que han establecido pacientes de primera y de segunda en función del lugar en el que residieran, y que han lastrado de forma absurda la cuenta de resultados de compañías diversas, multinacionales y españolas, de los sectores de la tecnología o de los medicamentos, enfrentadas sin sentido a 17 mercados o reinos de taifas distintos y a los caprichos de sus gerifaltes ocasionales.
Este absurdo que espanta las inversiones y resquebraja el modelo sanitario español podría tener los pasos contados si prosperan, como parece que va a ocurrir, las enmiendas que ha introducido el PP a la Ley del Medicamento. El calado de la iniciativa parlamentaria popular es tan hondo como deseable, al devolver al Estado las competencias exclusivas en materia de farmacia a la hora de definir precios, autorizar medicamentos y asegurar la igualdad en el acceso a los productos financiados con cargo a las cuentas públicas. Ya era hora.
El coto a las rebeldías autonómicas se traduce, por ejemplo, en que el precio industrial de los medicamentos “no podrá ser objeto de una modificación a efectos de prestación farmacéutica en el SNS salvo en caso de que dicha modificación consista en un descuento porcentual o lineal aplicable en todo el territorio nacional, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido”. También al dejar sentado que las normas del Gobierno “surtirán efecto en todo el territorio español desde la fecha en que resulten aplicables”. Desde luego, no tiene razón José Martínez Olmos cuando critica tales disposiciones, alegando que podrían perderse por el camino mil millones por el efecto en las compras de las comunidades, porque, aunque así fuera, no es de recibo que sea a costa de que el Estado se olvide de ejercer el papel de garante de la equidad que le corresponde, ni de dejar la Sanidad al libre albedrío de consejeros de todo pelaje ideológico. El PP ajusta con estas enmiendas la normativa sanitaria a la deseable Ley de Unidad de Mercado, y actúa por igual en todo el territorio. Al partido que sostiene al Gobierno solamente le falta ya unificar doctrina entre sus feudos autonómicos y frenar las ínfulas de algunos de sus mandatarios autonómicos, para que renuncien de forma expresa a legislar por su cuenta en riesgo en contra de dicha unidad de mercado. La reforma emprendida es un gran paso, muy demandado. Ahora solo queda ponerla en práctica.
