El decreto para recortar gasto sanitario y procurar ahorros extra a las arcas públicas no gana precisamente adeptos
¿Qué empresas de tecnología inflan los precios de sus productos antes de venderlos al Sistema de Salud, descontando que luego van a cobrar tarde? ¿Cuánto le cuesta esta práctica a la Sanidad española?
¿Qué comunidad le dijo a la industria que solo podría ayudarla agilizando el permiso de los bomberos para la cédula de habitabilidad?
¿Hay alguna comunidad que haya pagado facturas emitidas en 2012?
¿Qué patronal reducirá en 2013 su presupuesto de 9,6 millones a 9 por la crisis? ¿Qué área será, erróneamente, la más recortada?
El decreto de la discordia para recortar gasto sanitario y procurar ahorros extra a las arcas públicas no gana precisamente adeptos, sino todo lo contrario. Al malestar del sector por la forma en que se ha aprobado y por una parte importante de las medidas que incorpora, hay que añadir ahora el de las comunidades autónomas, a las que, en líneas generales, y una vez echados los números, la norma les parece corta, muy corta. Las iniciativas y manifestaciones al respecto son patentes. Valencia, por ejemplo, ha decidido obtener más dinero extra externalizando en una primera fase la gestión no asistencial de los centros sanitarios. Para ello, aprovechará su experiencia con el ‘modelo Alcira’. Baleares, por su parte, ha optado por el cierre de dos hospitales ante la imposibilidad de pagar la atención que prestaba desde ellos. En Madrid, la presidenta Esperanza Aguirre ha subrayado de forma mucho más genérica que si los nuevos hospitales tienen que meter a dos enfermos en cada habitación, pues los meterán, mientras que Cataluña ha ido más allá que los anteriores feudos, al pedir por boca de su consejero de Hacienda un copago completo de los medicamentos por parte de pacientes que tengan las rentas más altas, así como el pago de cinco euros al día por cada día de ingreso de un paciente en el hospital, en concepto de hostelería. Conviene detenerse en esta comunidad. Puntas de lanza de los recortes motivados por la crisis y su nefasta gestión, de sus autoridades se podrá decir de todo: desde que se les ha ido la mano hasta que carecen de legitimidad para alargarla por el simple hecho de no eliminar primero embajadas, delegaciones, empresas públicas y otras fruslerías. Lo que sí es cierto, sin embargo, es que tanto el consejero de Hacienda como el de Sanidad son posiblemente los más conscientes de todo el país a la hora de calibrar la dimensión gigantesca del agujero recibido, y la imperiosa necesidad de meter la tijera para taponarlo y ajustar el déficit para cumplir los objetivos pactados por Bruselas. En pocas palabras: para que ni el Estado ni las comunidades se ahoguen en el pago de la deuda motivada precisamente por el dispendio y la manga ancha en el manejo de las cuentas públicas.
Hay otras autoridades que siguen líneas parecidas pero por diferentes motivos. Varias, porque son muy suyas y han decidido hilvanar su propia política farmacéutica, pensando quizás que la iluminación de sus dirigentes es superior a la que asiste a los de Madrid. Otras, para tocar las narices al Gobierno y hacer ver que son duras con la industria farmacéutica, como si con ello consiguieran más votos. Este es el caso de Andalucía, en donde la batalla del subastazo tendrá una segunda parte. Y, en fin, hay otros feudos que ahora van de buenos cuando antes no lo eran tanto. Se trata, básicamente, del País Vasco, territorio que planea por un lado sacar a los ancianos de los hospitales de agudos mientras anuncia por el otro que seguirá pagando la Sanidad a los inmigrantes y que recurrirá ante el Constitucional la norma de Sanidad. Lejos de uniformizar el paisaje y sentar la cohesión en el sistema de salud, esta norma amenaza como se ve con asentar más que nunca los reinos de taifas en España.
