El funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es arcaico, inoperativo y anacrónico
¿Qué gol le han metido en julio por toda la escuadra a la ministra de Sanidad, Ana Mato?
¿Prestará más atención la dirección general de Farmacia del Ministerio de Sanidad a la dispensación de fármacos en residencias de ancianos, tras la reciente llegada de Agustín Rivero al cargo?
¿Qué hospital catalán está en situación de quiebra técnica y la Consejería de Salud de Cataluña busca fórmulas de urgencia para sacarlo a flote?
¿Qué organización sindical tiene un saldo positivo de alrededor de 300.000 euros en su cuenta? ¿De dónde procede el dinero?
En esta época en la que lo políticamente correcto copa el discurso dominante pese a hallarnos en bancarrota, en la que exigir más rendimiento a los funcionarios es visto con inquina, y en la que defender la gestión privada de la Sanidad pública da pie a recibir calificativos de fascista, es reseñable que, por fin, un informe se salga de madre, diga las verdades del barquero y rehúya el tono monocorde que viene envolviendo el aburrido pensamiento único sanitario desde hace muchos años. El texto que rompe tabúes, huye de los tópicos manidos y pone el dedo en la llaga de las verdaderas e imprescindibles reformas que se precisan emana del Círculo de Empresarios, institución que no es sospechosa de ser de izquierdas, pero tampoco necesariamente de derechas.
Léanlo, si pueden, porque no tiene desperdicio, y porque esparce algunas fórmulas de las que podrían echar mano los gestores para salvar al modelo de la práctica situación de bancarrota, quiebra o como quiera llamársele, en la que se encuentra, si es que ya da tiempo para hacerlo. Además, lleva el sello y el marchamo de John de Zulueta, que no es ni un advenedizo, ni un avezado estudioso de escuelas de negocio sin contacto alguno con el planeta tierra. Sabe perfectamente de lo que habla por su doble condición de experto y de gestor sanitario, con muchos años de experiencia a sus espaldas.
El documento, en fin, aboga por meter mano en lo que todo el mundo sabe y nadie se atreve a destripar: el régimen estatutario. La consigna aquí, es flexibilizarlo. Yo apunto que la recomendación, como algunas otras, se queda corta: habría que modificarlo entero, de arriba a abajo, porque es fuente de rigideces, desincentiva el esfuerzo, entorpece el funcionamiento de los centros sanitarios tradicionales, no castiga la indolencia y frena la carrera profesional a todo aquel que se lo merece. Es, en definitiva, arcaico, obsoleto y rancio.
Como arcaico, inoperativo y anacrónico es el funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, al que los autores proponen convertir en una especie de Consejo de Ministros bis con capacidad decisoria plena, en el que los administradores sanitarios de todas las administraciones rindan cuentas por sus actos y decisiones, no como ahora, en el que hay consejeros que aprovechan el foro para demandar más fondos mientras dilapidan el dinero público en su territorio en infraestructuras imposibles de pagar y construidas con el único fin de conseguir votos.
Los autores hablan también de la necesaria corresponsabilidad de todos los agentes en la marcha de la Sanidad, de la libre elección real de centro y médico para introducir elementos de competencia en el sistema, de una mayor colaboración público-privada en la gestión, y de una extensión del copago en determinados servicios sanitarios. Hay que hacer todo esto y muchas cosas más porque no hay dinero y porque o lo hacemos nosotros, o nos lo van a hacer desde Bruselas. Y todo será entonces mucho peor.
