Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’ La insensatez del Gobierno alcanza cotas insólitas. El pasado 1 de noviembre entró en vigor la norma que pretende extender la prescripción por principio activo en España, un texto que probablemente constituye el mayor ataque perpetrado a la autonomía de los médicos españoles en la historia reciente de la Sanidad de nuestro país. Y el desbarajuste, a día de hoy, sigue siendo total. Como era previsible, el Ministerio de Sanidad ha hecho una vez más dejación de funciones al aprobar una norma sin ejercer al mismo tiempo el liderazgo que le corresponde para ejecutarla uniformemente entre todas las autonomías, pese a someterla al parecer de la Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial. El resultado es que, en estas fechas, cada feudo hace de su capa un sayo y actúa a su antojo y conveniencia, en función de los intereses que mantenga en esta área. Aunque la información es dispersa, muy dispersa, los laboratorios saben ya por dónde van a ir los tiros en la aplicación de esta medida, muy dañina en principio para las marcas. De entrada, apuestan claramente por este tipo de prescripción Andalucía y Canarias. En la primera, pionera, el efecto de contención del gasto se diluyó en cuestión de meses, lo que llevó a la consejera María Jesús Montero a idear fórmulas alternativas que pasaban por la modificación del concierto con los farmacéuticos. En el resto del país, la situación es tan difusa, como diversos los sistemas sanitarios que se han instaurado ante la mirada átona y electoral del ministerio. Galicia, por ejemplo, mantiene contra viento y marea su apuesta por el cataloguiño. Otros territorios, abogan también por la prescripción por principio activo pero mantienen las marcas en su sistema informático, en lo que constituye un soplo de aire fresco para Farmaindustria y las compañías innovadoras. Castilla-La Mancha, en principio, parece favorable a este clima de coexistencia cibernética, con la excepción de productos como el Esomeprazol o el Desketoprofeno. Cantabria también lo parece, mientras que Navarra está girando en su postura radical inicial de sancionar a los médicos que no sigan la pauta de Sanidad. Más dura se ha mostrado hasta ahora Castilla y León, mientras que Asturias o Aragón, por ejemplo, constituyen un misterio hasta para ellas mismas. El segundo feudo no había completado aún los nombramientos en el organigrama hace apenas dos semanas. Tampoco se sabía nada hace a ciencia cierta hace apenas siete días, en esta ceremonia de la confusión, sobre si el ministerio iba a divulgar algún tipo de documento aclaratorio sobre este tipo de prescripción. ¿Qué ocurrirá pues con los médicos díscolos con el sistema y partidarios de las marcas? Las respuestas son tantas como feudos hay en el desvertebrado Sistema Nacional de Salud. Si se tienen en cuenta la situación de los grupos terapéuticos en cada comunidad y los llamados “jumbos”, el próximo caballo de batalla entre las compañías y las administraciones públicas, el desbarajuste es ya supino. En medio de este caos, los altos cargos del ministerio hacen las maletas con la filosofía de que si te he visto no me acuerdo. viernes, 04 de noviembre de 2011 h
Las respuestas a la PPA son tantas como feudos hay en el desvertebrado Sistema Nacional de Salud
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¿Qué alto cargo de la Consejería de Sanidad manchega no tiene título de especialista, aunque estudió Traumatología?
¿Qué dos comunidades del Levante estudian devolver deuda mediante la posible emisión de bonos? ¿Quién pagaría los intereses?
¿En qué comunidades barajan las farmacias dejar de dispensar fármacos caros?
