El ministerio de Sanidad se ha comprometido a aclarar la idea de reforzar la seguridad en la regulación de los fármacos biosimilares. En una reunión mantenida la semana pasada por representantes de la Alianza General de Pacientes y Fundamed con el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, y el director general de Salud Pública, Calidad e Innovación, Javier Castrodeza, los responsables conocieron de primera mano el contenido del ‘Manifiesto por la Seguridad de los Pacientes en los tratamientos biolóticos’ presentado por la AGPy Fundamed en febrero.
Al encuentro también acudió José Luis Andreu, presidente electo de la Sociedad Española de Reumatología, una de las sociedades científicas que suscriben este documento. El responsable resaltó que desde el ministerio y las comunidades hay que evitar que criterios fuera del binomio paciente-médico que lo trata decidan qué biológico o qué diana terapéutica bloquear. “Pedimos que de forma explícita protejan que alguien del hospital, fuera del médico que lleva al paciente, y por un criterio economicista imponga un biosimilar”, aseguró.
“Bastaría con cumplir el marco legal”, sostuvo. El problema es que de forma automática personas tratadas con un biológico innovador pasen a serlo con el biosimilar correspondiente, explicó. Si hay pérdida de seguridad, puntualizó, no se sabría a qué agente atribuirlo.
