La insistencia de la industria en sus alegaciones sobre la Orden de Precios de Referencia (OPR) parece que dará sus frutos, aunque a medias. Y es que, en el XII curso de Derecho Farmacéutico, organizado la semana pasada por el Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación (Fundación CEFI), Jesús García, jefe de servicio de Intervención de Precios del Ministerio de Sanidad, anunció que si finalmente se incluye un umbral mínimo esperan que no sea recurrido porque se quede corto, “ya que nos será muy difícil argumentarlo desde el punto de vista jurídico”.
Las palabras de García fueron acogidas con sonrisas en la sala donde se celebró el curso e, incluso, arrancó alguna carcajada cuando apostilló que esperaba “dejar tranquilos a todos” con lo que acababa de anunciar. Sin embargo, recordó que la OPR es un sistema de control del gasto y que esa máxima sería la exigible a todas las actuaciones del ministerio. “Somos gestores de lo público y buscamos lo mejor para todos al menor precio posible”, dijo.
Asimismo, recordó las reglas del juego para establecer conjuntos homogéneos. “Si existe genérico o biosimilar o han pasado 10 años desde la comercialización del principio activo se podrá crear una agrupación”, explicó. En este sentido, incidió en que la conjunción utilizada era disyuntiva y no copulativa, “para que no haya errores de entendimiento”.
Por otro lado, ante la sorpresa de igualar medicamentos biológicos a pesar de no coincidir el principio activo, el jefe de servicio de Intervención de Precios del Ministerio de Sanidad aseguró que “la ley no prohíbe crear un conjunto con medicamentos biosimilares ya que la intercambiabilidad en un Sistema de Precios de Referencia no tiene cabida al ser una herramienta de control del gasto”.
García fue uno de los dos ponentes invitados que representaban a la Administración. Dionisio Docasar, vocal de la dirección general de Farmacia y Productos Sanitarios, dio algunas pinceladas sobre el Real Decreto sobre Precios que, según anunció, verá la luz en otoño. “Existe un primer borrador del Real Decreto que pronto daremos a conocer”, dijo. A pesar de no desvelar detalle alguno sí quiso tranquilizar al auditorio al asegurar que “seguir dando palos en los precios de los medicamentos puede tener ya consecuencias muy negativas, por lo que se abandonará esta senda”.
Tras las palabras de Docasar, Lucas Blanque, letrado del Consejo de Estado, analizó los límites competenciales en materia farmacéutica y el marco legal confuso en las distintas comunidades autónomas. “En materia sanitaria, prestaciones y financiación las competencias son estatales y deben marcar el mínimo denominador común, del mismo modo que en dispensación y sustitución de fármacos”, manifestó.
Bajo esta máxima, Blanque explicó una de las polémicas más suscitadas: las subastas de medicamentos en Andalucía. Así, según precisó, “levantar la suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional se entiende desde el punto de vista de que persigue la eficiencia y el ahorro, que es la máxima del RDL 16/2012. Sin embargo, parece contradecirse con lo ocurrido en la Comunidad Valenciana con los funcionarios”, apuntó.
Tras la ponencia de Blanque, Teresa Mercadol, abogada del despacho Bird & Bird, analizó para los presentes una de las normas que ya se anunció para comienzos de 2014, los precios seleccionados. Así, subrayó que esta medida ya se incluyó en el RDL 9/2011 “pero el actual decreto-ley abre la puerta a los no financiados”. En este sentido, Mercadol aseguró que será una medida muy parecida “a las subastas de Andalucía”.
