Cuando todos los partidos políticos firmaron el Pacto de Toledo en 1995, no todas las cuentas cuadraban, pero permanece como un hito en materia de consensos. La reforma laboral de 1997 se aprobó mediante un real decreto-ley, pero con acuerdo de todos los grupos hasta en la redacción de la exposición de motivos. Lo recuerda Julio Sánchez Fierro, memoria viva del SNS. A su juicio, “parecería lógico que cuando se habla de derecho a la protección de la salud también debería haber esfuerzo por parte de todos los grupos políticos, sin excepción”. Para él, la situación actual requiere un plan de reformas a corto, medio y largo plazo. No basta, dice, “con medidas puntuales, y menos coyunturales”.
Sánchez Fierro acudió a la última subcomisión en calidad de abogado y miembro de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (Asedef) para transmitir a los diputados su diagnóstico sobre la situación del SNS, y lo hizo reivindicando un plan de reformas en todos los ámbitos, que sean desarrolladas con tiempo suficiente y con el compromiso y apoyo político, profesional y social.
Cambios en Farmacia
Una de las patas de esa reforma es la política farmacéutica. Sánchez Fierro se remonta a la aprobación de la Ley de Garantías y Uso Racional de 2006 para encontrar el último referente de lo que parecía ser el inicio de un periodo de estabilidad y previsibilidad para el sector. “La realidad de los hechos ha llevado a una situación distinta: en diez años se han aprobado una veintena de disposiciones que afectan al mundo farmacéutico y hacen que su sostenibilidad se vea afectada”, dice.
En su opinión, parte de la culpa radica en que los sucesivos decretos-ley que han impactado sobre el sector “no han tenido un hilo conductor definido”. En su opinión, “hay que ir a un Plan Estratégico de Política Farmacéutica”. Ya hubo un intento, durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, “pero ni se culminó ni se evaluó”, añade Sánchez Fierro, partidario de retomar la idea y reordenar el área farmacéutica para conseguir calidad, sostenibilidad y eficiencia desde el punto de vista económico.
Muy vinculado a esta solicitud, aboga por acometer una “profunda reconsideración” del Plan Profarma, argumentando que el tipo de investigación que había en los años 80 no tiene nada que ver con el actual. Hoy, las compañías pueden tener centros de investigación propios o concertados, pueden ser de naturaleza pública o privada, pueden valorarse en clave multinacional o nacional.
“El modelo del Plan Profarma es demasiado clásico y no tiene en cuenta todos estos aspectos, igual que no tiene en cuenta suficientemente en qué medida esta investigación y sus resultados puede tener consecuencias para la exportación o la propia imagen de España como país con un alto nivel en materia científica y técnica”, señala este experto que, al hilo de la nueva filosofía que promueve, cree que también habría que reconsiderar los incentivos actualmente establecidos en Profarma.
El pleno del Congreso prorrogó hasta el 27 de noviembre los trabajos de la subcomisión de Sanidad para analizar los problemas estructurales del sistema sanitario y de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su sostenibilidad. La decisión se aprobó con 208 votos a favor (PP, CiU, EAJ-PNV, UPyD, UPN y CC), 106 en contra (PSOE e Izquierda Plural) y dos abstenciones, de ERC, y con peticiones para que vuelvan los grupos que la abandonaron.
A este respecto, los portavoces de PSOE e Izquierda Plural, José Martínez Olmos y Gaspar Llamazares, respectivamente, defendieron su voto en contra por las decisiones unilaterales adoptadas por el Ministerio de Sanidad en el Real Decreto-ley 16/2012. Por su parte, el portavoz de Sanidad del PP en la Cámara Baja, Manuel Cervera, insistió en que “la puerta sigue estando abierta”, porque es necesario para alcanzar “un sistema de calidad y sostenible”.
