El pasado sábado, 18 de enero, concluyó el plazo de audiencia pública concedido por el Consejo de Estado para la recepción de las alegaciones al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, antes de la emisión de su dictamen. En este sentido, cabe destacar que entre las alegaciones presentadas por Unión Profesional, organización que agrupa a las profesiones colegiadas españolas, destaca la petición de que se modifique algo del anteproyecto que considera que “conllevaría un perjuicio para los derechos de los usuarios”: el hecho de que no se exija la colegiación en el colegio donde resida el domicilio habitual del profesional, algo que sí ocurre en la actualidad.
Asimismo, otro de los pilares en los que se sustentan las alegaciones de Unión Profesional es el régimen de cuotas previsto en el anteproyecto de ley, que prohíbe en aquellos colegios de colegiación obligatoria una cuota de inscripción o colegiación, así como una cuota de inscripción única y máxima. A este respecto, desde Unión Profesional se indica que se trata de “una manifiesta injerencia en la autonomía colegial indispensable para su funcionamiento, una vez que sus funciones públicas colegiales no tienen otra fuente de financiación.
Igualmente, Unión Profesional se refiere a la creación de una Comisión Consultiva de las Profesiones. Sobre ella precisa que “sus funciones podrían consistir en la emisión de informes sobre normativa que afecte al conjunto de las profesiones así como el desarrollo de la representación y coordinación de las diferentes organizaciones colegiales tanto en el ámbito estatal como ante las instituciones de la UE”. Para Unión Profesional, “se trataría de obtener la mayor eficiencia en este campo, como ya se viene realizando por las organizaciones interprofesionales, pero reconocido por ley”.
