La sanidad entra en el cambio de cromos para conseguir un pacto de gobierno. Tras dos semanas de silencio, el pasado miércoles el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, aseguró que estaba dispuesto a conceder algunas licencias al Partido Socialista a cambio de su apoyo (por acción u omisión) en el debate de investidura. “A excepción de la soberanía nacional y la unidad de España, de todo lo demás se puede hablar y podemos ceder, sabiendo que las negociaciones no son fáciles”, aseguró el presidente en funciones.
Además de reformas en el mercado laboral o la ley de educación, el PSOE ha disparado a discreción durante la pasada legislatura contra el Real Decreto-ley 16/2012. De hecho, en su programa lleva su derogación para regresar al escenario que concedía la norma 9/2011. Las concesiones en materia sanitaria llegarán en el supuesto de que ambos partidos se sienten a negociar y los mayores cambios se producirían en materia de copagos y de universalidad.
Ambas medidas no sólo han sido criticadas durante la última legislatura por el Partido Socialista, sino que además desde mayo, en las comunidades donde ha conseguido formar gobierno, la formación de Pedro Sánchez ha mitigado su efecto. De hecho, la pasada semana la consejera valenciana de Sanidad, Carmen Montón, destacó que un total de 707.207 pacientes de la Comunidad Valenciana ya se han beneficiado de las ayudas frente al copago desde que el pasado 1 de enero entró en vigor la concesión de subvenciones para compensar gastos relacionados con este sistema.
La negociación significaría la renuncia de ambos partidos a parte de lo comprometido en sus programas de gobierno. Si bien el Partido Popular renunciaría a su visión de un sistema sanitario sostenible, el PSOE también lo haría al no renunciar al texto legislativo completo. La explicación política también estaría dentro de los argumentarios de ambos partidos. El PP podría alegar que la situación económica no es de tal urgencia como cuando se promulgó el decreto y el PSOE defendería que ha modificado los puntos más polémicos de la reforma.
La tercera pata del banco para que se oficializase un gobierno presidido por Mariano Rajoy sería Ciudadanos. El partido liderado por Albert Rivera nunca estuvo a favor de la derogación completa del Real Decreto-ley, pero sí de ajustar algunos aspectos del mismo. El resultado de la futurible negociación de los dos grandes partidos podría colmar las expectativas de la formación emergente y solventar así uno de los escollos que tiene la formación de gobierno.
