Bartolomé Beltrán
Jefe de servicios médicos A3Media
| viernes, 14 de noviembre de 2014 h |

Antes todo parecía que iba bien. La industria farmacéutica, la oficina de farmacia, las distribuidoras de medicamentos y productos sanitarios, el precio de los medicamentos y todas aquellas cuestiones que hacían de este mercado “caliente” un paraíso en el que todos estaban acomodados.

En España rondamos las 400 compañías farmacéuticas y sabemos que el 90 por ciento se concentran en Cataluña y en la Comunidad de Madrid. Pero el dato negativo que se inició en 2010 indicaba que cinco de los diez laboratorios farmacéuticos más importantes habían experimentado retrocesos y evoluciones negativas. La rentabilidad del sector disminuía y el arrastre siguió.

Pero centrándonos en la distribución farmacéutica que opera en nuestro país habíamos anotado una serie de fortalezas y una importante contribución al conjunto del sistema sanitario. Su garantía de autenticidad de los productos, las medidas especiales de control, tanto del tráfico de sustancias como de productos, y principalmente el que mediante su agilidad y disponibilidad se contaba para la sociedad en general con fármacos de manera inmediata, segura y efectiva. Hablamos de una organización que en su conjunto genera más de 15.000 puestos de trabajo.

Sin embargo, una mañana nos sorprendió la noticia de que se estaba desmantelando la mayor red de tráfico de medicamentos en una operación con 30 detenidos. Se trataba de la ‘Operación Convector’ y era la mismísima Guardia Civil la que actuaba en favor del Estado. Jueces de instrucción y vinculaciones variopintas en tramas a nivel nacional de venta ilegal de fármacos al extranjero indicaban que el cauce lógico de las cosas se había desbordado por territorios heterodoxos.

La gente de bien, las grandes distribuidoras, las que se denominan de gama completa, que con trabajo y honestidad ‘afeitan un huevo’ cada día para mantener las estructuras y en consecuencia dar un margen de beneficio a la oficina de farmacia, se han visto encorsetadas y con muchas dificultades para mantener los ratios deseables en beneficio del farmacéutico.

Tal ha sido la dureza de la situación que tanto la industria farmacéutica, como las distribuidoras honorables que operan en nuestro país y, sin duda, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, habrán tenido algo que ver en propiciar que el flujo económico vaya al cauce adecuado. Es decir, que quien no cumple con la norma y juega a lucrarse fuera de la ley sea penalizado. Eso está claro.

Sobre este particular, pienso que no importa quien haya sido el que ha puesto en la pista a la Guardia Civil, a los jueces y a los inspectores. Aquí lo importante es que el músculo de la distribución pertenece al organismo noble del Sistema Nacional de Salud y tiene como valedor el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. Así que está bien que “a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga”. Porque ya está bien que paguen penalizados los ortodoxos, la gente de bien, por culpa de aquellos que trafican fuera de la norma.

La distribución es un baluarte del Sistema y en sus trayectos de ida y vuelta propicia respuestas automáticas, equipamientos, servicios financieros, descuentos de compra y venta y sobre todo aseguran el flujo logístico acortando distancias y tiempo de servicio. . Y como decía un funcionario del ministerio debe ser “honesta, responsable y leal”. Así que bendigamos este canal mayorista que mueve casi el 80 por ciento del mercado del medicamento y el que quiera manejarse fuera de la ley ya sabe lo que le espera. Seguro.

Ya está bien que paguen los ortodoxos, la gente de bien, por culpa de los que están fuera de la norma

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