“Alonso solo acierta cuando rectifica a Mato”. El portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, ha dado así el beneplácito de su grupo parlamentario a los cambios que podrían incorporarse en la legislación sanitaria y que supondrían una nueva marcha atrás en la reforma sanitaria. Fuentes de Sanidad confirmaron que, en el marco de los acuerdos sectoriales para vincular el gasto farmacéutico al PIB se estudia eliminar la ‘discriminación positiva’ de genéricos sobre marcas; la limitación del 10 por ciento en los descuentos que laboratorios y distribuidoras pueden hacer a las farmacias y la posibilidad de que los fármacos de marca puedan adoptar la calificación de EFG una vez finalizada su patente.
La portavoz de Sanidad de CiU en la Cámara Baja, Concepciò Tarruella, se muestra igualmente satisfecha. Tanto ella como Martínez Olmos aplauden en especial la eliminación de la obligación de dispensar un genérico frente a una marca en caso de igualdad de precio. Esta modificación daría respuesta a una cuestión que CiU ha planteado en el Parlamento en multitud de ocasiones. “Es una rectificación del Gobierno a sus propias decisiones que me parece bien; se sitúa en el marco de lo que aprobamos en el Real Decreto-ley 9/2011”, puntualiza el diputado socialista.
El sector ha recogido con cautela las posibles modificaciones, si bien algunos de ellas responden a reclamaciones de los agentes. Antonio Torres, presidente de la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña, Fefac, coincide con lo señalado por PSOE y CiU. A su juicio, es “incoherente” obligar a la sustitución por genérico si la marca está al mismo precio.
En el mismo sentido opina en relación a la limitación en los descuentos que laboratorios y distribuidoras pueden hacer a las farmacias. “En Fefac pensamos que hay que dejar a la negociación entre las partes las condiciones en que se realiza la compra-venta mientras no afecte al usuario final, por lo que carece de sentido que la ley limite esta transacción”, asegura Torres.
En este punto, sin embargo, así como en el tercero los portavoces reconocen que falta información. “Lo que pasa con los pactos del ministerio, tal y como nos ha acostumbrado el PP, es que dicen cosas generales con las cuales es difícil no coincidir, pero es la letra pequeña la que condiciona”, dice Tarruella. “No tendríamos inconveniente en ninguno de los puntos, máxime si las industrias se ponen de acuerdo con el gobierno, a falta de ver la letra pequeña”, añade.
No obstante, las modificaciones dejan en el aire una cuestión. Eliminar la discriminación positiva hacia el genérico supondría volver a la situación que existía en el año 2011, pero esa medida se consideraba vinculada a una diferenciación temporal de los precios entre genéricos y marca, aspecto que recuerda Martínez Olmos: “Yo defiendo el planteamiento que teníamos en el RDL 9/2011. Creo que era y es el adecuado”.
