Las urgencias son una de las áreas asistenciales donde mayor es el riesgo para la seguridad de los pacientes. La saturación en estas áreas incrementan el riesgo de error humano y el aumento de la morbimortalidad. Es solo una de las cuarenta conclusiones del informe Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional deSalud: Derechos y garantías de los pacientes, un estudio conjunto de los defensores del Pueblo de más de una decena de comunidades autónomas, que ha sido coordinado por la oficina del Defensor del Pueblo que preside Soledad Becerril.
Durante su presentación, Becerril destacó que el informe revela dificultades importantes y aspectos que hay que atender para mantener el mejor sistema posible y corregir el déficit.
El documento ha partido de la iniciativa de los propios defensores del Pueblo, como actuación de oficio, y en su elaboración han participado técnicos de consejerías y representantes de asociaciones de pacientes, gestores, etc. No en vano, cada año se realizan alrededor de 26 millones de ingresos en urgencias y seis de cada diez ingresos hospitalarios se realizan por esta vía.
A partir de aquí, los responsables harán llegar las conclusiones a las administraciones regionales, pero también a las mesas parlamentarias, para que los grupos políticos desarrollen la actividad correspondiente.
Para Soledad Becerril, disponer de más espacio físico y más medios humanos son algunas de las cuestiones más importantes, pero no las únicas. A modo de ejemplo, denuncian la falta de suficiencia de profesionales adecuados en todas las franjas horarias, que en la práctica apenas estaría cubierta en horario de mañana, con un gran peso de los médicos internos residentes durante el resto del día y los festivos. Asimismo, respaldan la creación de una especialidad no sólo a escala médica, sino también en enfermería, que garantice la formación de los profesionales que sustentan la actividad en estos servicios.
El informe reconoce que los sistemas de reclamaciones y sugerencias de los pacientes pueden ser una herramienta eficaz en garantía de la calidad del servicio y de la participación de los pacientes, a pesar de la falta de una cultura de la reclamación. En la misma línea, los pacientes aprecian una excesiva burocratización de las respuestas a sus reclamaciones y destacan que hay que garantizar la implicación de los profesionales implicados en la asistencia sanitaria en su gestión para ofrecer una respuesta rápida, fundada y en su caso, que indique las medidas correctoras adoptadas. El examen de los motivos de reclamación por grupos integrados con pacientes y profesionales permitiría alumbrar soluciones de carácter más general, tal y como apuntan.
Por último, destacan que las reclamaciones y sugerencias de los pacientes se clasifican de modo heterogéneo, lo que habría de corregirse para poder realizar análisis comparativos entre los diversos servicios de salud.
Entre otros muchos puntos, los defensores del pueblo plantean la necesidad de mejoras y cambios en la atención a los colectivos más vulnerables, menores, víctimas de violencia de género, mayores o inmigrantes en situación irregular. Además de reclamar que no haya trabas administrativas para prestar una atención que sí es universal en el campo de las urgencias para estos últimos, piden que la atención en estos casos vaya más allá del hospital, garantizando la continuidad asistencial hasta que el paciente esté recuperado de la dolencia que ha causado el ingreso en urgencias.
Asimismo, subrayan que la atención en urgencias en la fase terminal exige cambios en el sistema, ya que no garantiza la muerte digna ni preserva el duelo de los familiares.
