Nadie está contento: ni los pacientes, ni los profesionales, ni los administradores. El Círculo de Economía de Mallorca ha debatido sobre el bienestar del sistema sanitario regional y su conclusión arroja un diagnóstico crítico; con pronóstico reservado y necesitada de un tratamiento intensivo.
El primer y gran problema al que se enfrenta el sistema sanitario balear es el de la financiación. Durante años, la doble y la triple insularidad se han encargado de potenciar los matices que han desequilibrado la balanza insular. El informe del Círculo de Economía señala una infrafinanciación de entre 270 y 300 millones de euros por año, cantidad que alcanza los 600 si la comparación se realiza con las regiones de mayor gasto per capita. De aquí llega la primera gran reclamación: la Sanidad ha de tener una financiación suficiente y los recursos sanitarios deben tener carácter finalista.
El pronóstico, por otro lado, no es positivo. Los agentes inductores del gasto futuro ya hace tiempo que están identificados: las nuevas tecnologías, el cambio de perfil epidemiológico, las expectativas crecientes de la población y la ‘inflación sanitaria’ (coste unitario de salarios, tecnologías y medicamentos). “Los recursos no serán suficientes si continuamos con la productividad actual”, subrayan los expertos encargados de realizar el informe. Por si esto no fuera suficiente, otra amenaza otea en el horizonte: el déficit de profesionales en algunas especialidades.
¿Qué somos?
El resultado con esas premisas parece claro para los responsables del Círculo de Economía: si nadie lo remedia, el gasto sanitario seguirá creciendo y alcanzará el 50 por ciento del gasto público de las comunidades autónomas. Su propuesta es una doble reforma: de modelo asistencial y de modelo de gestión.
Los autores del informe ven un buen ejemplo en el modelo vasco de atención a las patologías crónicos, que ha supuesto un ahorro de más de 28 millones de euros y con perspectivas positivas. Se trata, según el documento, “de adaptar el sistema sanitario a los nuevos pacientes”, y no al contrario.
El segundo caso es más complejo. Actualmente, los Estados miembro de la Unión Europea garantizan los valores esenciales de la sanidad a través de dos modelos: el aseguramiento social y los Servicios Nacionales de Salud. La diferencia es crítica. Los primeros se complementan con aportaciones privadas de los usuarios (copagos) mientras que los basados en impuestos eluden en general nuevos pagos y concentran, racionan y priorizan prestaciones según criterios de coste-efectividad.
Tras la reforma sanitaria aprobada con el Real Decreto-ley 16/2012, las barreras entre ambos modelos se han difuminado en España, y así lo hacen notar los autores. “Si somos SNS necesitamos con urgencia desarrollar mecanismos sistemáticos y generalizados de evaluación del binomio coste-eficiencia de las prestaciones, de los fármacos y del material de implantología”, dicen.
El informe reconoce que se han realizado algunas experiencias, pero los avances, según asegura, “son desiguales y asimétricos”: la variabilidad de la práctica clínica es muy amplia entre regiones y además se espera que el coste de los tratamientos oncológicos, por ejemplo, pase de 20.000 euros per capita a 70.000 (tres veces más) en pocos años. “La medicina genómica y la farmacobiología permitirán elaborar nuestro mapa de riesgos a la carta, pero ¿cuáles serán los costes derivados de estas nuevas prácticas? ¿Serán accesibles para todos?”, se preguntan los responsables del Círculo de Economía.
La apuesta por el coste-efectividad no es la única propuesta. En Baleares es necesario un Pacto de Bueno Gobierno, bajo la premisa de que “gastar más no es solución” si antes no se asegura la eficiencia en el gasto. “Hay que dejar de gastar en tratamientos no ya ineficientes, sino diríamos que ineficaces o inútiles, evitar duplicidades y actuar siempre bajo la premisa de la limitación de los recursos disponibles”, dicen los autores, que también apuestan por otorgar mayor autonomía de gestión a los profesionales y modificar el sistema retributivo y los incentivos.
Pero por encima de todo, los autores demandan a los gestores información y transparencia. “Conocemos ahora las declaraciones de la renta de nuestros políticos y no sabemos cómo utilizan los recursos públicos nuestros hospitales o centros de Atención Primaria sus métricas de calidad, resultados, productividad y eficiencia”, señalan. Sin información, concluyen, no hay evaluación, “y sin evaluación todas las medidas se toman, exclusivamente, por la presión de la coyuntura”.
