Otra nueva reunión entre farmacéuticos valencianos y responsables regionales de Sanidad y Hacienda y una nueva promesa (la quinta) en forma de calendario de pagos para saldar la deuda que la Generalitat tiene con sus farmacias, unos 450 millones de euros. Así se concluyó el encuentro mantenido el pasado 10 de mayo, en el que estuvieron presentes los consejeros de Sanidad, Manuel Llombart, y de Hacienda, Juan Carlos Moragues, así como los respectivos secretarios generales, Manuel Escolano y Eusebio Monzó, y del que los presidentes de los farmacéuticos de esta comunidad salieron con una oferta bajo el brazo. Una oferta que, lejos de taponar la herida de la farmacia valenciana, preocupa y, según afirman, pone en riesgo de desabastecimiento inmediato a casi el 60 por ciento de las boticas de la comunidad.
¿Cuál es el nuevo compromiso adquirido por la Generalitat? Un plan de pagos, “asumible para la administración regional”, que permitirá que antes del 20 de junio cobren el 38 por ciento de la factura pendiente de febrero y antes de fin de mes el 57 por ciento de la que queda de abril. “Estos pagos son fundamentales, si no se hacen las farmacias no harán frente a sus pagos a proveedores ni a otros pendientes, algo que repercutirá en el servicio al paciente”, manifestó el presidente del COF de Castellón, Jesús Bellver.
¿Y el resto de los pagos? Según la ‘hoja de ruta’ marcada por la Generalitat, en julio se abonará la factura de mayo; en agosto la de junio; en septiembre la de julio; en octubre la de agosto; y cuando el Gobierno central libere los fondos del plan de pago a proveedores, previsiblemente entre septiembre y octubre, se abonarán las facturas pendientes de 2012 (la mitad de septiembre, la de octubre y la de noviembre), así como la de marzo.
Adelanto del Gobierno
Sin embargo, esta nueva hoja de ruta no era la esperada por la presidenta de los farmacéuticos valencianos, María Teresa Guardiola, que manifestó estar muy preocupada por la “situación crítica” por la que atraviesan muchas farmacias de esta comunidad. Así, alertó de que si no se producía un adelanto de dinero por parte del Gobierno central a la Generalitat para pagar a las farmacias, algo que se produjo el pasado año, “muchas farmacias no podrán llegar al verano”.
En este sentido, la presidenta de los farmacéuticos valencianos aseguró que “la situación es angustiosa”, ya que la Comunidad Valenciana es una zona turística “y no queda crédito para poder pagar a nuestro proveedores”. Para Guardiola, el problema estriba en que “la Generalitat ha vuelto a incumplir el calendario que acordamos el 29 de noviembre, ya que el plan de proveedores no se ha puesto en marcha cuando se preveía, por lo que no hemos podido recuperar el mes que nos dejaron de pagar”.
A este respecto, se mostró sorprendida por el hecho de que la situación que se vivió el pasado año, “similar a la de ahora pero agravada por los intereses que tenemos que pagar”, se vuelva a repetir este. “Parece que no han aprendido”, afirma.
Igual de disconforme con el nuevo calendario, aunque más optimista, se mostró el presidente de los boticarios alicantinos, Jaime Carbonell, que indicó que “no se puede decir que estemos contentos, porque no lo estamos, pero son lentejas, si quieres las tomas y si no… Y parece que quieren cumplir sus compromisos de pago”.
¿Tiene capacidad la Generalitat para hacer frente a los pagos pactados? “Sabemos que una parte de los pagos vendrán del FLA y otra de la propia Generalitat, pero a nosotros nos da igual de dónde vengan, lo que queremos es que se acabe con una situación que nos está desgastando mucho”, apuntó Carbonell. Por su parte, Guardiola alertó de que si se volviese a incumplir “sería desastroso para la farmacia”.
Decreto-ley 2/2013
Por otro lado, en la reunión también se abordó el polémico Decreto-ley 2013 sobre cuyo contenido discute la comisión bilateral constituida por la Generalitat a instancias del Ministerio de Hacienda. Sobre este aspecto, los farmacéuticos esperan que “se pueda reconducir y quitar una aberración como la de la concertación selectiva”. Y es que, según afirmó Guardiola, “es necesario y sería lógico eliminar de este decreto-ley todos los aspectos que son a todas luces inconstitucionales”.
Asimismo, esperan que la Generalitat “recapacite” y dé marcha atrás en el ‘proyecto Akasa’. “Estamos dispuestos a hacer una oferta racional, si bajamos nosotros, la distribución y Fenin podemos hacer un descuento rentable, de calidad y que no hundiría el sector como sí pasaría con la aplicación del decreto-ley”, dicen.
