Una vez se apruebe el Real Decreto sobre precios de los medicamentos, España se sumará, con 20 años de retraso, a la mayoría de países que, según Jaume Puig-Junoy, catedrático de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra, “llevan dos décadas realizando cambios estructurales en su toma de decisiones sobre precios y reembolsos”. El borrador determinará, no obstante, en qué medida se queda por el camino la que hasta ahora ha sido la principal vía de España para adoptar estas decisiones.
Los expertos reunidos por Lilly y la Fundación Gaspar Casal comparten que, por la importancia de su mercado farmacéutico y por la capacidad técnica para llevar a cabo estudios de evaluación económica, España debería apostar a medio y largo plazo por un mecanismo de fijación de precios basado en el valor, explícito y predecible, con decisiones transparentes y justificadas. Pese al elevado número de estudios realizados, estos trabajos aún no influyen en la toma de decisiones. En su lugar, se ha recurrido al sistema de precios de referencia internacionales, un criterio que, según los autores del libro La regulación del precio de los medicamentos en base al valor, presenta “numerosas dificultades de aplicación, limitaciones y efectos negativos” a pesar de su popularidad.
La fijación de precios por esta vía puede ser una opción adecuada para países pequeños o de bajos ingresos, con una capacidad limitada para establecer un mecanismo de regulación más sofisticado, como es basado en valor. Para los autores, no parece coherente que España, “que se esfuerza en ser admitido como miembro del G-8 y tener un papel más relevante en la gobernanza internacional, renuncie a ejercer su capacidad reguladora con criterios propios”.
Porque este es el primer gran inconveniente del actual sistema, al aceptar implícitamente los criterios de los países cuyos precios se toman como referencia. “La opción actual de intentar que se aplique en España, o en cualquier otro país europeo, el precio más bajo que se encuentre en la UE incentiva a las empresas a fijar un precio europeo o internacional único, lo que perjudicará a los países de menor capacidad económica”, señalan los autores.
Joan Rovira, economista de la salud y encargado de aportar la visión académica al libro, no olvidó el impacto del sistema de referencia internacional al hablar de una posible fijación del precio sobre valor. “Plantear la regulación de precios sin tener en cuenta el impacto que va a tener en otros países es completamente miope”, dijo. En su opinión, este es uno de los ámbitos en el que es más urgente “una gobernanza global” que evite que cada país vaya por su lado.
Esto supondría llegar a consensos para generar una estructura de precios global justa, que tenga en cuenta el PIB de cada país sin olvidar la recompensa a la innovación. Su apuesta: un precio basado en valor único, de referencia en Europa, pero que permita diferenciales entre países, con descuentos para los países más pobres, “mejor conocidos que confidenciales”, añade, que permitieran fomentar la innovación y mantener el nivel de solidaridad en Europa.
Reformular el sistema de precios de referencia internacional pasa, según los autores, por acabar con la tendencia generada de “ocultar precios reales o de transacción de los medicamentos mediante la concesión de bonificaciones anuales, descuentos confidenciales y otras estrategias y acuerdos similares”.
