La Asociación Española de Derecho Sanitario celebrará, entre el 17 y 19 de octubre, el XX Congreso Nacional de Derecho Sanitario. Su presidente, Ricardo de Lorenzo y Montero, analiza para EG los pormenores de esta cita.
Pregunta. La Asociación Española de Derecho Sanitario celebra el XX Congreso Nacional de Derecho Sanitario. ¿Qué aspectos destacaría de esta edición?
Respuesta. Se destacarán las medidas que se vienen adoptando, a nivel estatal y autonómico, en torno a la prestación farmacéutica y analizar en qué medida la equidad en el acceso a los medicamentos y productos sanitarios está garantizada o se ha visto puesta en cuestión por determinadas decisiones, un tanto polémicas desde el punto de vista funcional y jurídico.
P. ¿Más aspectos?
R. Abordaremos la solución extrajudicial de conflictos surgidos en torno a la actividad sanitaria que generan reclamaciones y peticiones de indemnización. Se trata de señalar la importancia de la existencia de un baremo que resuelva de una manera ágil y con la mayor objetividad posible este tipo de reclamaciones, ofreciendo seguridad jurídica, para pacientes y profesionales sanitarios. Otro eje fundamental viene representado por la futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales, tan necesaria como necesitada de algunos ajustes para que sus efectos sean tan positivos como deseamos.
P. Los profesionales sanitarios, sobre todo los del sector farmacéutico, se quejan de la ausencia de un marco estable y predecible.
R. Somos conscientes de esta situación y, por ello, son varias las mesas y talleres que en esta edición dedicamos a esta cuestión. La prestación farmacéutica está siendo objeto de frecuentes controversias en el plano jurídico como consecuencia de la evolución de los costes del gasto en medicamentos y, desde hace tiempo, se acude a la vía de los decretos-ley para tratar de racionalizar el gasto. Y no siempre estas disposiciones van rodeadas del necesario consenso, de ahí que se multipliquen las iniciativas autonómicas que motivan la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional y ante la jurisdicción ordinaria, lo que pone de manifiesto esa ausencia de marco estable
P. ¿Qué implicación tiene para un sector como el farmacéutico?
R. Inseguridad jurídica y problemas de sostenibilidad, que afectan no solo al sector, sino a los propios pacientes y a la calidad de la prestación farmacéutica.
P. Otro campo: nuevas tecnologías. ¿En qué situación nos encontramos desde el punto de vista del Derecho?
R. El desarrollo de la llamada e-salud en España es manifiestamente mejorable, porque aunque existan interesantes experiencias y programas piloto, hace falta establecer una estrategia global para el conjunto del sistema sanitario. Es importante aprovechar las ventajas que para profesionales y pacientes ofrecen las nuevas tecnologías, pero es imprescindible que las medidas que se adopten en esta materia tengan en cuenta la privacidad y la protección de datos. Es necesario reforzar las medidas en ese terreno.
P. Ahí nos encontramos con la Comisión Europea, ¿no?
R. Las propuestas de la Comisión Europea de un nuevo marco regulador de la protección de datos en Europa, vía de un nuevo reglamento, tendrá un indudable impacto en el sector sanitario. En el ámbito sanitario, al ampliarse el concepto de dato relacionado con la salud y seguir siendo considerándolo como especialmente protegido, supondrá para las instituciones sanitarias la necesidad de realizar más actuaciones para garantizar los tratamientos de datos conforme al nuevo marco regulatorio que se establecerá previsiblemente para el próximo año.
P. Ley de Servicios Profesionales. ¿Qué incidencia real tendrá en el colectivo farmacéutico?
R. Los sucesivos borradores y esquemas de trabajo que han visto la luz han evolucionado de forma razonable. La seria inquietud inicial sobre la titularidad-propiedad parece superada. Con todo, habrá que ver cuál es el texto definitivo.
P. Es decir, no supone el cierre definitivo a la posible liberalización, ¿no?
R. Habrá que esperar al texto del proyecto de ley, pero, a día de hoy, parece que en España no se dará acogida al modelo liberalizador de británicos y holandeses.
P. ¿Es una ley con demasiadas puertas abiertas, como Comisión del Ejercicio Profesional?
R. Esa comisión debería contemplar expresamente que cuando se vaya a adoptar alguna medida o a aprobar alguna propuesta se convoque a los representantes del sector. De no hacerlo así el riesgo de equivocarse será mayor.
