Las grandes diferencias entre una oficina de farmacia y una parafarmacia vienen definidas por la legislación, y se manifiestan de puertas adentro de estos establecimientos. Por ejemplo, en la actividad de cada uno de ellos y productos disponibles, siendo los medicamentos —de los que no puede disponer una parafarmacia— su principal punto divergente. En su aspecto exterior también es relativamente sencillo distinguirlas por sus diferentes rótulos, simbología, colores predominantes… No obstante, en algunas situaciones ocurre todo lo contrario y el usuario puede confundir ‘a simple vista’ una botica de una parafarmacia. Así parece estar ocurriendo en algunas zonas de Cataluña.
La patronal farmacéutica regional Fefac ha presentado ante la Agencia Catalana de Consumo una veintena de casos de comercios cuyos rótulos y simbología pueden inducir al error al usuario y entender que son oficinas de farmacia, cuando en realidad son parafarmacias. Según denuncia Fefac, “dichos comercios hacen un uso indebido de los términos ‘farma’ o ‘pharma’ —por ejemplo, Farmacare como nombre del establecimiento— así como de la cruz de malta, “pudiendo provocar confusión entre los usuarios que les lleve a identificar dichos establecimientos con oficinas de farmacia debidamente autorizadas, donde se dispensan medicamentos y productos sanitarios con todas las garantías de calidad y seguridad fijadas por la legislación”.
Los casos puestos en conocimiento a este organismo han sido detectados por los propios titulares de oficina de farmacia, a los que su patronal ha solicitado que envíen nuevas notificaciones, con la ubicación del establecimiento, acompañada de una fotografía, con el fin de incorporarlos al listado ya presentado, disponiendo para ello hasta el próximo 30 de septiembre. El inicio de esta acción legal tiene por objetivo “la defensa de los usuarios y de la oficina de farmacia ante la apropiación por determinados establecimientos de la simbología y terminología propias de la farmacia”, se recuerda desde la empresarial regional.
Por su parte, la Agencia Catalana de Consumo ha informado que tramitará esta solicitud como “denuncia administrativa”, pasando a iniciar “las actuaciones necesarias para clarificar los hechos y comprobar la existencia de infracción administrativa en materia de consumo”.
