José Luis Márquez
Presidente de Ceofa
| jueves, 30 de abril de 2015 h |

No es posible negar la evidencia. Los desabastecimientos se repiten desde la primera subasta y se acentúan con la entrada de cada nueva convocatoria, como sucedió en octubre, cuando a la entrada de la cuarta subasta apenas estaban disponibles el 40 por ciento de los medicamentos solicitados por la distribución. Y ello a pesar de que los laboratorios adjudicatarios están obligados a acreditar tanto su capacidad de producción como de abastecimiento.

El pasado enero, los laboratorios adjudicatarios abastecían menos de la mitad de los envases solicitados en 1 de cada 4 referencias. Para 95 medicamentos no tuvieron capacidad de servir ni siquiera el 30 por ciento de lo requerido y de otras 40 presentaciones no suministraron ninguna unidad. En febrero, seguía en desabastecimiento total el 10 por ciento de las moléculas subastadas. En marzo, las farmacias malagueñas tuvieron 31 fármacos sin suministro y otras 40 con problemas de aprovisionamiento. A finales de abril, en las provincias de Sevilla y Huelva casi 60 presentaciones no eran suministradas. Córdoba, Cádiz, Granada y parte de Almería, rondaban o superaban el medio centenar de moléculas en falta y Jaén tenía 70 medicamentos en desabastecimiento. Prácticamente igual que un año antes. Estas cifras pueden ser confirmadas por los Colegios, los almacenes de distribución o por cualquier farmacia.

Tres años después, las subastas no han conseguido los ahorros esperados ni han facilitado el seguimiento de los tratamientos. Al contrario, han provocado ruptura de la adherencia, que en ocasiones especiales han derivado en ingresos hospitalarios. Además, esos ahorros se podrían conseguir por otras vías, sin empeorar la calidad asistencial del paciente. Afortunadamente los tratamientos siempre han estado garantizados, gracias a la intachable profesionalidad de los boticarios. Es necesario abandonar inmediatamente las subastas (sin esperar el dictamen del Constitucional), para recuperar la confianza del paciente andaluz y garantizar su derecho al acceso de las medicamentos en condiciones de igualdad con el resto de los españoles.