Carlos González-Bosch, presidente del Grupo Cofares El Real Decreto-ley 9/2011 no tiene un análisis razonable desde el punto de vista sanitario, porque no se ha producido como consecuencia de una estrategia de política sanitaria predecible que tuviese objetivos claros en un contexto de sector. Por tanto, es un real decreto-ley que viene activado por la difícil situación económica que atravesamos y con el único argumento de intentar contener el déficit público a través de una de las parcelas de gasto más transparentes y controladas de la Administración: el gasto farmacéutico. El real decreto-ley supone una vuelta de tuerca más al deterioro económico del sector farmacéutico, que viene soportando desde 2010 una parte muy importante del ajuste económico que se ha producido en las cuentas públicas para intentar cuadrar nuestros compromisos de déficit con la Unión Europea. Sanitariamente pues, su análisis no tiene mayor interés que el de constatar que somos el primer país europeo en el que se generaliza la prescripción por principio activo (PPA), introduciendo un elemento novedoso en la legislación que, a muchos, nos ha llenado de perplejidad. La posibilidad de que marcas y genéricos, todos a precio menor, puedan competir, es un elemento muy discutible y, sanitariamente, puede incluso, desde la vertiente asistencial, en muchos círculos, considerarse hasta un atrevimiento. La distribución farmacéutica, que ya sufría económicamente los reales decretos-ley que se aprobaron en 2010, va a ver agudizada esta situación a través de la nueva legislación porque, en el fondo, la única virtualidad de esta es bajar precios de envases sobre los que la distribución tiene un margen y, obviamente, este sobre un precio menor siempre arroja un resultado cuantitativamente inferior. Por todo ello, aseverar a estas alturas que la retribución de la distribución está inapelablemente condenada a ser mixta no es una predicción, es una realidad que se va a ir abriendo paso en la medida en que los distribuidores vayan consolidando cuentas de resultados negativas en la gestión diaria de los suministros. Y, probablemente, si tardamos mucho en realizar este cambio de remuneración, una parte del tejido industrial que supone la distribución de medicamentos desaparecerá por la imposibilidad material de cuadrar dichas cuentas de resultados. Pero pienso que la distribución no tiene ahora que acelerar el paso en este camino sin retorno porque, igual que es difícil hacer un análisis sanitario en un contexto económico tan negativo como el que en estos momentos tenemos en nuestro país, la decisión sobre esta retribución mixta y la ponderación de la misma tiene que hacerse con otras circunstancias de mercado y en un ambiente de estabilidad que, en este momento, no tiene el sector del medicamento. Por ello, abogo, ante la eventualidad de un cambio de gobierno, por la necesidad de que el nuevo ejecutivo resultante de las elecciones del 20-N reflexione sobre si la política de precios del medicamento en España sirve a los intereses de la propia sociedad, y si piensa que el sector podrá aguantar mucho tiempo con gastos europeos a precios de medicamentos tercermundistas. Probablemente el nuevo ejecutivo llegue a la conclusión de que este es un camino imposible, por lo que ese será el momento en que el sector tendrá que plantear un nuevo escenario que vaya modificando los criterios a los que nos ha llevado la lamentable gestión que ha posibilitado la situación actual. | viernes, 21 de octubre de 2011 h |