Ángel Pérez, es presidente de Ceofa El 13 de diciembre entró en el Parlamento de Andalucía el proyecto de Decreto-ley 3/2011, que tendrá el dudoso honor de estrenar un nuevo sistema de prestación farmacéutica, que la Ley de Garantías atribuye en exclusiva al Estado, basado en la subasta de medicamentos al mejor postor. Y lo hace por la puerta falsa, la de la fuerza, mediante la aprobación de un decreto-ley, decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía revestida con rango de ley. ¿Por qué no se aprueba como un simple decreto, como un reglamento? El inicio de las intenciones “licitadoras” de la Consejería de Salud lo encontramos en el fallido intento de pactar con el Cacof la introducción del sistema mencionado a través del concierto de prestaciones. La intentona no logró el éxito esperado gracias a la rápida intervención de las asociaciones empresariales andaluzas, aunque en la consejería se daba por hecho que los boticarios tragarían una vez más ese sable (bien afilado). La negativa trajo la rabieta de los dirigentes sanitarios andaluces, que a renglón seguido decidieron castigar a los insolentes farmacéuticos con la denuncia del convenio. La rabieta fue acompañada de la firme decisión de aprobar las licitaciones, esta vez a través de decreto. Y así comenzó la tramitación, vía procedimiento de urgencia, del decreto de licitaciones, como reglamento. Se ve que el resultado de la tramitación no ha sido el esperado, y sospechamos que las ilegalidades a las que Ceofa alude en sus alegaciones, avaladas por un dictamen previo del despacho de Eduardo García de Enterría, son compartidas, incluso, por los órganos consultivos y por los propios letrados de la Junta de Andalucía. ¿Cuál es la consecuencia? Para la Junta de Andalucía, la aprobación con rango de ley de las medidas anunciadas evitarían el recurso contencioso-administrativo directo contra la norma, que tendría una previsible sentencia en un plazo breve. De esa forma evitarían la suspensión de la norma, de modo que esto no lo pararía nadie en al menos… ¿Diez años? Todo ello, salvo interposición de recurso de inconstitucionalidad por parte del presidente del Gobierno de España, que paralizaría ipso facto, dicha ley. Desde Ceofa esperamos la sensibilidad suficiente por parte del nuevo Gobierno para evitar un nuevo golpe a la cohesión del sistema sanitario. Con esta situación Ceofa se ve obligada de nuevo a intervenir para evitar, una vez más, la discriminación del ciudadano andaluz, del farmacéutico andaluz, y en definitiva, para la defensa de nuestros derechos. | viernes, 16 de diciembre de 2011 h |