El procedimiento de selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia en Andalucía, lo que conocemos como subastas, se está convirtiendo en un campo de batalla entre dos administraciones: el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud de Andalucía. En esta ‘batalla’ quedan reflejadas las diferencias conceptuales en el procedimiento para ahorrar en la prestación farmacéutica que tienen los dos grandes partidos políticos en nuestro país. Ni los ciudadanos deben sufrir las consecuencias de esta falta de acuerdo, ni los profesionales de la farmacia, distribución e industria. La sensación de inseguridad y de interinidad que sufren debe eliminarse de sus conciencias.
En solamente un año, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha publicado en el BOJA un Decreto-ley 3/2011 que introduce un sistema de convocatoria pública; dos resoluciones de su director gerente, José Luis Gutiérrez, anunciando una convocatoria para la selección de medicamentos; y otras dos aprobando los listados de medicamentos seleccionados. Mientras, en ese mismo periodo, el Consejo de Ministros ha ido aprobando la presentación de diversos recursos, siempre a instancia del Ministerio de Sanidad, que han sido admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional y que han significado suspensiones cautelares que, posteriormente, han sido levantadas por el tribunal garante de nuestra Carta Magna.
Mientras tanto, el paciente y el profesional de la farmacia sufren impotentes esta difícil situación. El primero se encuentra con cambios constantes en los formatos de su medicación y se ve forzado a utilizar, en ocasiones, medicamentos que le provocan efectos adversos por interacciones con excipientes, intolerancia a la lactosa, sabores desagradables o tamaños de comprimidos difíciles de deglutir. Por su parte, los farmacéuticos, además de una importante pérdida del valor de sus stocks de medicamentos, sufren serias dificultades para abastecerse de las presentaciones licitadas por la incapacidad de los laboratorios de suministrar a la comunidad autónoma con más habitantes en España.
No olvidemos tampoco la inseguridad jurídica que supone atender a pacientes sabiendo que la base legal sobre la que se sustenta su trabajo diario está recurrida nada menos que ante el Tribunal Constitucional. O qué decir de la importante pérdida en su capacidad de gestión de los stocks de medicamentos en la farmacia, y por tanto, también pérdidas en sus legítimos márgenes de beneficio.
En beneficio de los pacientes y de los profesionales, debemos reclamar que cesen este tipo de enfrentamientos entre administraciones y que el máximo órgano judicial en este país tome la máxima diligencia en resolver los conflictos planteados. Con ello romperemos este círculo vicioso y ganaremos todos.
