Ángel Pérez, presidente de Ceofa
Andalucía se ha convertido en un fatídico banco de pruebas en materia farmacéutica. Los experimentos comenzaron en el convenio de prestaciones de 2002, que puso en marcha el sistema de prescripción por principio activo, esbozó la implantación de la receta electrónica con cargo al farmacéutico y llevó a los farmacéuticos andaluces durante mucho tiempo a vivir situaciones constantes de inseguridad, dado que los aderezos del convenio llevaban una carga de profundidad: dejar al SAS la fijación de los precios de los medicamentos.
¿Consecuencias? Una arbitrariedad constante en orden al pago, de forma que los precios de los medicamentos han sido desde 2002 más bajos que los del resto de España. El otro aderezo genial fue la implantación de la receta electrónica. La idea base es que todos los costes de su implantación, adecuación de equipos, mantenimiento, desarrollo y asunción de gastos en fungibles se desplazan al farmacéutico, que además será objeto de una vil vigilancia. Algunas de estas lindezas, fraguadas en el banco de pruebas de Andalucía, han sido exportadas a otras comunidades, para escarnio de los boticarios, si bien es cierto que no en el grado de severidad alcanzado aquí.
Ese banco de pruebas sigue funcionando. Si en 2009 se produjo una modificación del convenio para adaptarse a las normas sobre precios menores (que el SAS obviaba, aplicando los nuevos precios más bajos con una antelación de seis meses a lo previsto en la norma y respecto de las demás comunidades, provocando pérdidas en los stocks de las farmacias), ahora se pretende conseguir por la vía del convenio dar 10 ó 15 vueltas de tuerca a la maltrecha economía del boticario andaluz. La palabra clave es: licitación. La intención del SAS es reducir los costes de su factura por compra de medicamentos por el camino de la arbitrariedad, algo irresponsable e irregular.
Licitar los precios de unos medicamentos (10 ó 15 ahora, mañana más) que primero deben ser comprados y pagados por terceros (almacenes de distribución y farmacias), es una barbaridad jurídica y logística. Jurídica, porque incumple toda la pirámide normativa: Constitución, el Estatuto de Autonomía o la Ley de Garantías, y termina por anular la normativa de desarrollo de ésta. Logística, porque el caos originado por la premisa de un precio subordinado a su dispensación con cargo al SNS ya sabemos lo turbio, enredado, inseguro e incoherente que es.
La propuesta del SAS se basa en la inexorable ilegalidad de su iniciativa si se lleva adelante por decreto. Si se implanta a través de un acuerdo entre partes, “con el consentimiento de estos farmacéuticos, que siempre dicen sí”, tampoco prosperaría, por ser igualmente ilegal y denunciable ante los tribunales, y habría que contar también con otros agentes implicados: laboratorios afectados, consumidores y usuarios andaluces y del resto de España. Y, por supuesto, con Ceofa. Por eso, porque el colectivo de las farmacias andaluzas no puede más, ha dicho a la propuesta del SAS que no.
¿Y si denuncian el convenio? Si alguien cree que la prestación dejaría de darse, se equivoca. Y si el SAS pretende hacer creer que no pagaría, también se equivoca. El concierto está destinado a regular un entramado de situaciones que genera la prestación farmacéutica, que generalmente son un cúmulo de obligaciones para el boticario a cambio de nada. La Comunidad Valenciana ha estado tiempo sin convenio y todo fue sobre ruedas. La realidad es, pues, que sin convenio no pasaría nada, incluso mejorarían nuestras condiciones por la desaparición de todos los anexos actualmente en vigor (descuentos de pañales, precios artificiosos con las tiras reactivas…).
La Junta debe atajar los problemas de financiación mirando hacia otro lado. En éste ya no se puede sacar más, porque no hay. Esos otros lados ya han sido señalados por Ceofa en su informe de julio de 2010 sobre la contención del gasto en medicamentos, donde apuntamos nuestra oposición a la firma de cualquier acuerdo como el vigente, y menos aún otro que agrave la situación. Pero muy especialmente la necesidad imperiosa de actuar sobre la demanda. De lo contrario, este sector, caracterizado por un empleo estable y de alta cualificación, dejará de identificarse con esos atributos. De hecho, las pérdidas de empleo y la falta de sostenibilidad económica de algunas farmacias por las medidas de 2010 ya son importantes, y se agravarán aún más con las ‘genialidades’ del SAS. Por ello, hoy más que nunca es precisa la unión y la firmeza de todas las boticas y sus representantes, para evitar este arbitrario atropello de las autoridades sanitarias andaluzas.
