Desde que la ‘crisis económica’ se apoderó de nuestro país se demonizó el gasto en medicamentos y, a partir de entonces, la práctica totalidad de las medidas de recorte adoptadas afectaron a las oficinas de farmacia y la prestación farmacéutica. Por si no fuera suficiente contribución y sacrificio, este sector soporta desde entonces una situación de inseguridad jurídica e impagos que están poniendo en grave riesgo el sistema. Pero, además, se quiere destruir nuestro modelo de oficina de farmacia, con propiedad-titularidad del farmacéutico, en aras de aumentar el ‘consumo’ y el PIB, sin pensar en el riesgo de exclusión farmacéutica y sanitaria al que se enfrentarán los ciudadanos españoles.
A pesar de todo, las oficinas de farmacia actuamos durante este tiempo con lealtad y responsabilidad, más allá de nuestros compromisos, respetando los derechos de los ciudadanos y supliendo las obligaciones de las administraciones públicas. Pero vivimos en un momento dominado por el ‘totalitarismo’ de los mercados, convertidos en el cuarto poder, y el thatcherismo ha invadido nuestras vidas, reduciendo la intervención del Estado. Las consecuencias las conocemos todos: deterioro de los servicios públicos, quiebra de las pequeñas empresas, aumento del paro y subida de impuestos. Sin embargo, parece que esto no le importa nada a aquellos que han adquirido la responsabilidad de gobierno.
Cambiar el sistema de propiedad-titularidad de la farmacia no es algo menor, es modificar un modelo de servicio público para convertirlo en un negocio al servicio del interés económico, que nos afectará a todos. Las consecuencias inevitables serán un empeoramiento en la calidad de la prestación y una ruptura de la universalidad y la equidad en el acceso al medicamento que disfrutan hasta ahora los españoles.
Cuando se emprende un cambio legislativo de tal calado es preciso preguntarse previamente a quién beneficia. ¿Beneficia a los usuarios? No, porque perderían accesibilidad al medicamento por el cierre progresivo de las farmacias rurales. ¿Beneficia a las comunidades y al Estado? No, porque perderían control sobre la prestación farmacéutica. ¿Al empleo y a la competitividad? No, por el proceso de concentración e integración vertical y horizontal inducido. ¿Al ejercicio profesional? No, porque la deontología estaría al servicio del rendimiento económico. Entonces, ¿quién resultaría beneficiado? Esas oligarquías económicas y mercados interconectados, que anteponen el beneficio económico al servicio sanitario a la población. Margaret Thatcher ha muerto en abril del 2013 pero su legado económico ya la llevó a la muerte política en 1990. No sigamos ese camino.
